El proyecto llegaría en estos días y se convocaría a un plenario de cuatro comisiones, pero el oficialismo no define los integrantes y trata de evitar que haya celestes. Llegaría al recinto a fin de mes.
Un plenario de comisiones la semana que viene y una sesión en la siguiente es, por ahora, la hoja de ruta del Gobierno para aprobar la ley del aborto en Diputados, donde confía en tener una mayoría para imponerse.
No así en el Senado, que sigue con predominio de votos Provida y la necesidad de ablandar a los gobernadores peronistas para revertir el escenario. Este domingo ninguno se acercó a la multitudinaria misa del Episcopado en Luján, donde sí estuvo el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.
El proyecto aún lo está definiendo Alberto Fernández, su secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra y Victoria Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Ambas ganaron la primera batalla interna: no tendría la objeción de conciencia institucional, como le había anticipado el ministro de Salud Ginés González García a sus colegas del interior.
Iba a ser un gesto a la iglesia pero como aun así no cesaría su lucha en las calles, el presidente habría decidido dejar un texto similar al aprobado en 2018, según dejaron trascender sus voceros. Esto es, interrupción legal hasta la semana 14 de gestación y objeción de conciencia individual.
No habría una despenalización a secas, como piden algunos legisladores para que pase el filtro de las provincias más duras. «Vamos a hacer el proyecto que pensamos y que cada uno vote a conciencia», era el mensaje de la Casa Rosada, donde negaban cualquier presión a los senadores para que la ley se sancione.
Un problema que había surgido este lunes era la composición de las comisiones, porque si por casualidad quedaban con mayoría en contra del aborto el proyecto podía sucumbir sin tener siquiera dictamen. El reglamento solicita una distribución de sus miembros similar a la representación de cada bloque, pero no de verdes y celestes.
De hecho, la Comisión de Legislación General, conformada en diciembre y presidida por Cecilia Moreau, sería una de las que integre el plenario y entre sus integrantes no hay una mayoría sólida a favor del aborto. Las indefiniciones de Lucas Godoy (Frente de Todos) y el santiagueño Bernardo Herrera son claves para desnivelar.
Las otras comisiones que recibirían el proyecto serían Legislación Penal, Mujeres y Diversidad y Salud. Las tres tenían horario para constituirse este martes (a las 15.30, 18 y 18.30 horas), pero hasta la noche de este lunes no estaban definidos sus integrantes y fuente del Congreso aseguraban que se iban a armar recién el jueves.
El peronista tucumano Pablo Yedlin presidirá la de Salud, un médico que respalda el aborto legal y promete defenderlo con cifras y argumentos. La de Mujeres y Diversidad la encabezaría Mónica Macha, también del Frente de Todos y activa integrante de las «Sororas», aquel colectivo de diputadas que en 2018 logró aprobar la ley cuando parecía imposible.
La mayor referente de aquella gesta fue Silvia Lospennato, que aún es secretaria parlamentaria del PRO. Esta noche voceros de su bloque aseguraban que se había reunido con su colega del oficialismo Cristina Álvarez Rodríguez, encargada del poroteo final de las comisiones, para definir las conformaciones finales y, además, cuidarse de poner más verdes que celestes donde haga falta.
También debían resolver cuentas pendientes entre ellas: el frente de Todos había prometido darle 21 presidencias, pero no había definido de qué comisiones. 22 de las restantes le quedarían a sus diputados y 2 a repartir entre el bloque federal de Roberto Lavagna y Unidad Federal para el Desarrollo, de José Luis Ramón. El primero tiene más diputados, pero serían castigados por no dar quórum en la última sesión.
Entre los diputados que se opusieron al aborto en 2018 retomó la propuesta de definir si hay aborto legal en Argentina con un plebiscito, Lo propuso Ramón y su coterráneo Alfredo Cornejo, presidente de la UCR. «El tono del discurso de Alberto Fernández fue conciliador, dejó de lado la épica kirchnerista. Pero es muy factible que mucho de su contenido tenga la pluma de Cristina Fernández de Kirchner», posteó.
La consulta popular era alternativa muy escuchada cuando parecía posible que el Senado aprobara con cambios el proyectos, pero los constitucionalistas advertían que por tratarse de un tema penal, no podría ser vinculante. Además, sería un costo alto para el Gobierno salvo que quiera hacer el plebiscito junto a la elección legislativa que de esta manera quedaría eclipsada. Por ahora está lejos de ser una opción cercana.
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