La decisión implica cesantear a cientos de trabajadores altamente calificados que se desempeñan como tutores y coordinadores virtuales y dejar a miles de docentes de todo el país sin el derecho a la formación permanente sobre temáticas que están garantizadas por la Ley de Educación Nacional.
Por Matías Farías *
Las cesantías no se detienen en el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. El martes 6 de diciembre, los responsables de distintos cursos de formación docente fueron notificados del cierre de los mismos. Se trata de cursos que combinan una modalidad virtual y presencial, dictados en el marco del Programa Nacional de Formación Docente “Nuestra Escuela”, con una duración promedio de tres meses con asignación de puntaje a los cursantes, docentes de todos el país de los diferentes niveles educativos.
En muchos casos son propuestas que se llevan adelante con instituciones académicas de primer nivel (UBA, Flacso, Universidad de San Martín, entre otras).
A partir de esta decisión, el Ministerio pretende clausurar un dispositivo de formación docente masivo, de calidad y altamente especializado, donde se ofrecen enfoques y materiales novedosos para trabajar en el aula cuestiones de suma actualidad: qué hacer ante situaciones de bulling, cómo fortalecer las trayectorias de las escuelas secundarias, cómo prevenir el embarazo adolescente no deseado, cómo acompañar la orientación vocacional, qué es la violencia de género, qué el terrorismo de estado, qué argumentos sostiene la República Argentina para reclamar el ejercicio de la soberanía en Malvinas, cómo prevenir adicciones, cuál es la historia de los pueblos originarios en Argentina, entre otras.
En efecto, las áreas de Educación Sexual Integral, Educación y Memoria, Prevención de Adicciones, Educación Intercultural Bilingüe, Orientación Vocacional, Modalidad Hospitalaria, Construcción de ciudadanía son algunas de las tantas alcanzadas y afectadas por esta decisión.
Los números son contundentes respecto a los efectos concretos que persigue esta decisión. Aún en su versión “ajustada” 2016 (ya que en la mayoría de los casos se ofreció una única cohorte para todo el año), más de 10.000 docentes de todo el país se inscribieron en estos cursos, que son dictados por un total de 300 tutores y coordinadores con trayectoria y alto grado de especialización en la materia, algunos de ellos formados a partir de una larga trayectoria en el propio Ministerio.
Durante los años 2014 y 2015, en que se ofrecieron entre dos y tres cohortes por curso, la población docente alcanzada resultó el doble y en ocasiones el triple respecto a la de 2016.
Con esta decisión, el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación busca desentenderse de responsabilidades indelegables, así estipuladas en la Ley de Educación Nacional 26.206 y en diversas Resoluciones del Consejo Federal de Educación.
Incluso, muchos de las temáticas abordadas por estos cursos, como la educación sexual integral, la educación intercultural bilingüe, la educación en la memoria, por citar sólo algunos ejemplos, son explícitamente valorados por la Constitución Nacional.
Se trata de un ejemplo más en que el gobierno toma decisiones por fuera del marco normativo vigente, colocándose en una situación de patente incumplimiento de sus obligaciones. Eso no es todo: también desoye reclamos y demandas hoy muy activas en la sociedad, con el caso emblemático, pero no el único, del derecho a la formación en educación sexual integral en el contexto del crecimiento del movimiento Ni una menos.
Por supuesto, para tomar esta decisión las autoridades no tomaron en cuenta la opinión de los docentes que realizaron esta trayectoria de formación. En un relevamiento impulsado por la propia gestión que acompañaba cada clase de estos cursos, y en el que se los consultaba entre otras cosas sobre la calidad de los materiales, la posibilidad de transferir al aula sus contenidos e incluso sobre las “emociones” que provocaba esta propuesta a cada cursante, más de la mitad de los docentes afirmaron que encontraban en estos cursos distintas herramientas para transferir al aula y así mejorar su enseñanza, casi un 90% recomendaría el curso a sus colegas y cerca del 95% expresó emociones positivas respecto a las propuestas.
Como quedó demostrado esta semana con los resultados de la evaluación PISA, cuando las encuestas revelan opiniones no esperadas por la gestión, dejan de rankear en la toma de decisiones.
Si bien la cesantía de tantos trabajadores y el perjuicio a los docentes que quieren seguir con su formación es suficientemente grave como para denunciar esta situación, es necesario sin embargo destacar que más grave aún es la lógica en materia de política educativa en que se inscribe el intento de cerrar los mismos.
Ciertamente, algunas de estas acciones parecerán coherentes con la impronta de esta gestión, como es pretender cerrar el curso de educación intercultural bilingüe, un derecho constitucional tal vez no enteramente valorado por un ministro que aspira según dijo a producir una “nueva conquista del desierto”, esta vez “educativa”.
Otras, parecerán contradictorias, como el cierre del curso sobre Prevención de adicciones por parte de un ministro que, en otro de sus giros retóricos desafortunados, sostuvo que a las drogas no se las “combate” con la AUH, sino, paradójicamente, con más educación.
Pero, más allá de los temas puntuales de cada curso, el cierre de los mismos es coherente con una política que busca vaciar y desarticular a los equipos técnicos nacionales, tanto de las direcciones de los distintos niveles educativos como a los ocupados en el trabajo en el aula dentro de los denominados “ejes trasversales”, es decir, aquellos cuyo interés educativo resultan válidos para todos los niveles y jurisdicciones, como es el caso de los temas abordados por estos cursos que se ha decidido cerrar.
Este intento de vaciamiento y desarticulación se produce por diversas vías: control de horario de trabajo sin asignación de tareas, lo que ha generado renuncias masivas en el plantel de estos equipos; despidos directos y/o cesantía de contratos; obstaculización del trabajo en territorio, impidiendo incluso viajes y contactos con referentes provinciales; desinversión en la publicación y en la compra de materiales educativos; o, como en este caso, con el cierre directo de acciones pedagógicas destinadas a la formación docente.
Asimismo, estas decisiones son coherentes con una política de transferencia de responsabilidades propias del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación a otros actores, llevadas a cabo con diversos motivos. En algunos casos, como producto de transacciones en medio de internas feroces, como resultó la reciente transferencia de responsabilidades sobre los canales educativos PakaPaka, Encuentro, Deportv, etc al Sistema de Medios, descaracterizando el sentido y los objetivos de estos canales. En otros casos, transfiriendo a las provincias acciones educativas que son propias de la Nación, sin garantizar enteramente los recursos y desentendiéndose de su cumplimiento, utilizando en definitiva la misma lógica por la cual el Estado nacional transfirió en los años noventa la jurisdicción de las escuelas a las provincias.
Los efectos concurrentes de estas decisiones son claras: más fragmentación en el sistema educativo, ajuste presupuestario a nivel nacional y provincial con la consecuente desfinanciación del sistema de educación pública, eliminación de intervenciones destinadas a –la tan mentada incluso por este gobierno- mejorar la “calidad educativa” y un feroz intento de sincronización del sistema educativo público con un modelo de país que abiertamente decide restringir sus capacidades productivas y abandonar la búsqueda de mejores niveles de distribución del ingreso para plegarse a la dinámica de la economía global fortaleciendo al ya poderoso sector agrario y a la economía de servicios.
Para un país así, los niveles de inversión en el sistema educativo estipulados en la Ley de Educación 26206 resultarían elevados y este gobierno, a tono en este punto con el brutal recorte en Ciencia y Tecnología que se ha conocido esta semana, ha decidido que sus prioridades son otras.
Con la decisión de cerrar los cursos se abre un nuevo escenario de conflicto. La pelea para que se sigan dictando implica la defensa de los puestos de trabajo y del derecho a una formación docente de calidad; el cumplimiento de las normas y resoluciones vigentes y el rechazo a que el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación quede reducido a una instancia de supervisión administrativa o a una organización dedicada a formular rankings entre escuelas o jurisdicciones.
Invitamos a la comunidad educativa y a toda la sociedad a defender un proyecto educativo democrático, masivo, de calidad y acorde con las grandes tradiciones pedagógicas de nuestra nación y nuestro continente.
Los cursos que se buscan cerrar expresan una pequeña conquista dentro de una larga y gran historia: la protagonizada por organismos de derechos humanos, agrupaciones de combatientes de Malvinas, militantes feministas, pueblos originarios, y tantos otros actores cuyas luchas cambiaron para mejor la historia de este país.
No estamos dispuestos a abandonar y a entregar esta historia a quienes confunden una nación con una empresa familiar.
*Coordinador del Curso Malvinas
