martes, abril 30, 2024

Locales

PROYECTO DE LEY PROVINCIAL: Se impulsa para proteger de los abusos a los usuarios de los servicios de agua, gas, energía, telefonía e Internet.

Sharing is caring!

El Presidente del Bloque de Diputados de Unión Celeste y Blanco, Diputado Ramiro Gutiérrez, (Espacio que lidera Francisco de Narváez) ha presentado un Proyecto de Ley para regular las habilitaciones de las empresas y firmas que brindan servicios de agua, gas, energía, telefonía e Internet en la Provincia de Buenos Aires.

Hoy contratar un servicio esencial (agua, gas o luz) o los de uso masivo como telefonía celular e Internet, es un trámite relativamente fácil, sin embargo a la hora de prescindir o dar de baja el mismo comienza para el usuario una carrera de obstáculos, donde el abuso y la pérdida de dinero es la constante.

Las empresas que ofrecen estos servicios están centralizadas y no tienen oficinas de atención al público en todos aquellos lugares donde brindan el servicio, generándose por ello situaciones de desatención y abuso.

Las remisiones a números telefónicos donde la gente debe llamar ante problemas o pedidos de baja son verdaderos laberintos que no conducen a ninguna persona responsable y donde no hay respuestas certeras, mientras tanto la facturación sigue corriendo siempre en detrimento del cliente.

Nos ha dicho el Diputado Gutiérrez: “¿Qué vecino en la provincia no ha sufrido el abuso de las empresas? Vender y colocar servicios es fácil, darlos de baja una misión imposible. Por ello proponemos que en la Provincia de Buenos Aires todo local o punto de venta que ponga un servicio en uso de la gente o comercialice una prestación ya sea el de luz o de un teléfono celular, debe ser también local habilitado para dar la baja en forma personal y cortar de manera inmediata la facturación, ya que esta es la única manera de proteger en forma real y efectiva a los usuarios que de buena fe acceden a un servicio.”

La ley prevé durísimas sanciones para los vendedores de servicios y también para las empresas que no cumplan con las normas protectivas de los consumidores. Estas penas contemplan la clausura definitiva, el decomiso y multas que pueden llegar a importar un valor máximo equivalente a dos meses de facturación total de la empresa.