Ex combatientes de la guerra de Malvinas pidieron ayer ante la Justicia Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, la declaración indagatoria de ocho oficiales de las Fuerzas Armadas acusados de torturas y otros vejámenes cometidos contra soldados argentinos durante el conflicto bélico, a la vez que incorporaron cinco denuncias nuevas por hechos similares, realizadas ante la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Además, los ex combatientes solicitaron constituirse como parte querellante en otra causa judicial donde se investigan presuntos crímenes de guerra cometidos por militares británicos, y requirieron que se libren exhortos al Reino Unido para indagar a cuatro sospechosos de haber participado de esos delitos.

Ambas presentaciones fueron realizadas por el presidente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) Mario Volpe, y por el abogado del equipo jurídico de esa organización, Jerónimo Guerrero Iraola, con el apoyo del presidente de la Comisión Nacional de Ex Combatientes de Malvinas del Ministerio del Interior de la Nación, Ernesto Alonso, y de asociaciones de ex combatientes de Tierra del Fuego.

Los expedientes tramitan, por razones de jurisdicción sobre el archipiélago, en el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Lilian Herraéz, quien investiga el caso de los vejámenes de oficiales argentinos desde 2007, y el de los crímenes de militares británicos desde 2013.

La situación de las supuestas torturas a conscriptos de la misma tropa se revitalizó después de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció, el 2 de abril de este año en Ushuaia, la desclasificación de documentos de la dictadura militar relacionados con la guerra.

Algunos de esos documentos demuestran que, por ejemplo, el entonces comandante en jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, «ordenó los lineamientos para ocultar las torturas que los oficiales aplicaron sobre los conscriptos», y «dispuso que los vejámenes sean considerados como simples faltas disciplinarias», según anticipó el diario Tiempo Argentino.

Los ex combatientes solicitaron, entre otras medidas probatorias y procesales, que la jueza oficie al Ministerio de Defensa de la Nación, para que se envíen copias de la documentación desclasificada, indicaron a Télam fuentes judiciales.

Uno de los oficiales argentinos denunciados en la causa, Jorge Eduardo Taranto, logró que la Corte Suprema de Justicia de la Nación considerara que no se trata de delitos de lesa humanidad, y por lo tanto que se encuentran prescriptos.

Sin embargo, con el apoyo del Gobierno Nacional, los veteranos acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahora consideran que la sentencia de la Corte «solo vale para el caso Taranto» y «no impide avanzar en la investigación de las otras 77 denuncias comprobadas», aseguró Guerrero Iraola, el abogado del CECIM, en diálogo con Télam.

En tanto, la causa contra militares británicas fue presentada en marzo de 2013, y los ex combatientes entienden que además de incorporarle los documentos desclasificados por la Presidenta, hay elementos de prueba para indagar «al Corporal Gary Louis Sturge, al sargento John Pettinger, al Corporal Stewart MacLauglin y al Cabo Connery», como supuestos autores de los crímenes.