Fue presentado con el objetivo de revelar las causas y consecuencias de la pérdida anual de 250 mil hectáreas de bosque nativo, un equivalente a 40 canchas de fútbol cada dos minutos, y la vinculación de grupos empresarios con esas prácticas.
La Argentina pierde anualmente 250 mil hectáreas de bosque nativo; una hectárea cada dos minutos, y equivalente a 40 canchas de fútbol por hora, según un informe presentado por la organización Greenpeace en donde también se denunció a grupos empresarios que realizan estas prácticas calificadas como “el mayor crimen ambiental del país de los últimos 20 años”.
“Podríamos haber seguido investigando y seguramente habríamos encontrado más casos, más pruebas, más negocios oscuros, más empresas y empresarios vinculados a la lenta y sistemática perpetración del mayor crimen ambiental de la Argentina de los últimos 20 años”, aseguró el titular de esa organización, Martín Prieto.
El informe “Desmontes S.A.” es una documentada investigación sobre las actividades de empresas y sociedades nacionales asociadas a prácticas de desmontes en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, en actividades orientadas a la siembra de soja, algodón, extracción de madera y ganadería, entre otras.
«Con este informe probamos que los desmontes son una práctica habitual que se sostiene en una red de debilidades oficiales que favorecen un estado de situación, donde el vale todo es el ’modus operandi’ más extendido ya que muchos de los negocios analizados en este informe son legales, al menos en los papeles”, precisó Prieto.
Un ejemplo lo constituye la provincia del Chaco, donde según un informe estadístico del Instituto de Colonización, en 1999 había 1.938.547 hectáreas de tierras fiscales, la mayoría de las cuales correspondían a bosques nativos, mientras que en el 2005 sólo quedaban 687.053 hectáreas.
Sin embargo, el estudio no queda en la simple denuncia; también se reclama que se declare la Emergencia Forestal en el país, y se apuesta al ordenamiento territorial como la única política para terminar con las prácticas de los desmontes.
Según el estudio, esto significará que importantes áreas boscosas, hoy bajo amenaza de desaparecer, deban ser conservadas fuera de toda intervención productiva, o en algunos casos restauradas, mientras que otras podrán ser explotadas con arreglo a criterios de sustentabilidad rigurosos.
“El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que proponemos es un instrumento de política ambiental nacional, cuyo objeto es regular el uso del suelo y las actividades productivas a fin de lograr la protección del medio ambiente”, se especificó en el trabajo.
En opinión de Greenpeace, ese ordenamiento debe proveer a la Nación y a las Provincias los criterios fundamentales para decidir el uso del bosque atendiendo las necesidades productivas tanto como las de conservación, y para ello “es necesario que se realice en una escala representativa a nivel regional”.
Una de las regiones mas afectadas por el desmonte es la chaqueña, al punto que se habla de una “pampeanización” debido a la intensidad de los procesos de transformación para ampliar la frontera agropecuaria.
En la última década, tan sólo en la eco-región del Chaco Seco fueron afectadas por incendios casi 10 millones de hectáreas, guarismo que representa cerca del 30% de su superficie, mientras que en el Chaco Húmedo la extensión quemada de pastizales y sabanas oscila entre 2 y 4 millones de hectáreas anuales.
Asimismo, de la Selva Paranaense, que alberga la más alta biodiversidad del país, apenas queda un 7% de su superficie original. La mayor parte de la misma está en suelo argentino, ya que en Paraguay y Brasil ha sido prácticamente destruida.
“Cuando estos procesos de degradación se asocian al sobrepastoreo, aumentan inexorablemente la desertificación, como ocurre en la estepa patagónica y en eco-regiones húmedas, por ejemplo en las Yungas y los bosques patagónicos”, se advirtió.
También se cuestionó el método tradicional de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), por considerar que este tipo de valoraciones caso por caso, no alcanzan para dimensionar y realizar una correcta apreciación del impacto regional que cada intervención o desmonte va produciendo en el ecosistema.
En tanto, en el informe se señaló que “contrariamente a cierta percepción generalizada, no estamos ante una situación en la cual la ilegalidad sea el amparo de la actividad depredadora, si no que es el sistema legal vigente el que no permite una adecuada protección del bosque nativo”.
“La gran mayoría de los desmontes que se vienen realizando desde hace años en la Argentina están a cargo de empresarios, por lo general nacionales, que compran y ejecutan sus proyectos de conversión de bosques cumpliendo
normas vigentes y con la pasividad de autoridades provinciales y nacionales”, se agregó.
FUENTE: «TELAM»
