Por: Eduardo Ahamendaburu (PRENSA RED).
La tragedia del 5 de diciembre, que ya se cobró seis muertos, reveló el estado de las instalaciones de la Universidad Nacional de Río Cuarto y algunas prácticas poco claras que se desarrollan en esa casa de altos estudios.
En un clima enrarecido, a los pocos días de la tragedia del 5 de diciembre en la Planta Piloto de la Universidad Nacional de Río Cuarto (U.N.R.C.), el diputado nacional Alberto Cantero, ex Rector de esa casa de estudios, sostuvo que dicha institución ‘es seria, segura y debe permanecer abierta’, para agregar que ‘con 12 millones de pesos se resuelve el problema de seguridad’.
Expresión poco feliz, ante el duelo que aún vive esa comunidad universitaria por sus muertos, la incertidumbre por la suerte de sus heridos y la crisis psicológica derivada del trauma por las explosiones.
En cuanto la seguridad de la institución que asegura el legislador, basta mencionar que el 26 de octubre de 2005 explotó el horno de la cocina del comedor, y que un mes después se produjo otra explosión en el horno incinerador de la Facultad de Agronomía y Veterinaria.
Cantero con su temeraria expresión parece ignorar además el informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) del período 2005-2006. Este informe cuestiona severamente las condiciones de seguridad y jamás fue tratado por el Consejo Superior de la Universidad.
La SIGEN, además, se pronunció crítica y públicamente de la inacción de las autoridades de esa casa de estudios. Este pronunciamiento no es en absoluto antojadizo, ya que, entre otras cuestiones, José Luís Pincini, secretario técnico de la Universidad nunca reunió a la Comisión de Seguridad.
Las expresiones vertidas por Cantero, desafortunadas por la ocasión, son además falaces. La certeza con que arriesga una cifra para resolver los problemas de seguridad podría hacernos suponer que existía un conocimiento cabal de los problemas y un ocultamiento deliberado de su existencia; o bien, son producto de una irresponsabilidad supina. En ambos casos, manifiesta un absoluto desprecio por la vida y la salud de la comunidad; así como de los bienes públicos comprometidos.
Como sea, apuntan a desmovilizar, a mantener una ‘normalidad’ institucional como si nada hubiera pasado e impedir la concreción de un Plan de Seguridad en el que tenga participación la comunidad de Río Cuarto. En definitiva, son un cachetazo a la democracia y la memoria expresada por la Asamblea que impuso al Consejo Superior el cese de actividades para evaluar la seguridad y coadyuvan a consagrar la impunidad ante lo acaecido e impedir la individualización de los responsables.
Lo preocupante es que los dichos de Cantero no son un hecho aislado. Forman parte de la reacción cerval e instintiva de preservación con que han actuado las instituciones de los estamentos universitarios, salvo honrosas excepciones, con el fin de justificar lo injustificable.
Así han actuado el Consejo Superior, las autoridades universitarias en general y de la Facultad de Ingeniería en particular; los sectores que trabajan en investigación y el Area de Servicios, vinculados al sector privado, quienes manejan cuantiosos fondos en contraposición a lo exiguo del presupuesto de la Universidad.
La Federación Universitaria de Río Cuarto (F.U.R.C.), sin correspondencia con la reacción espontánea y asamblearia del movimiento estudiantil, también se sumó a la entente.
Hizo lo propio la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (ATURC),encabezada por Nelson Farina, alineada con la burocracia cegetista, la que ha actuado como grupo de choque de las intenciones de esta alianza por el retorno a la ‘normalidad’.
La ‘normalidad’ pretendida por esta extraña coalición, que abarca el ‘neutralismo científico’, los discursos neoliberal y de centro izquierda y el pragmatismo burocrático de la C.G.T., es un vano intento por ‘tapar el cielo con un arnero’ .Está basada en tapar las ollas podridas de una Universidad en crisis, enmarcada en las políticas neoliberales de los años 90, corporizadas en la Ley de Educación Superior, promulgada en 1995.
Esta Universidad ahogada presupuestariamente, con edificios en condiciones lamentables, somete a docentes y estudiantes a condiciones indignas e inseguras de trabajo y estudio. A la par, salarios deprimidos, pocas o nulas perspectivas de progreso, y sobre todo el sinsentido institucional como generador de títulos, prestos a ser arrojados a la voracidad del mercado laboral, al margen de un proyecto colectivo de país en el cual deberían realizarse las vocaciones científicas, artísticas y profesionales.
Adocenada y acrítica, incapaz de generar un conocimiento transformador a partir de investigaciones genuinas a favor de un desarrollo nacional soberano, reserva un lugar de privilegio para aquellos que se postergan ante el interés de las grandes empresas privadas.
Estos sectores que perciben generosas retribuciones por sus investigaciones, producen en forma barata, cuantiosas ganancias para sus mandantes, haciendo uso de instalaciones, equipos, docentes e investigadores pagados por el erario público.
La investigación en la Planta Piloto de la U.N.R.C., fue encomendada por De Smet S.A.I.C. a partir de un Convenio Marco, que nunca fue formalizado, con el objeto de optimizar la extracción de aceite mediante hexano, por lo que su inicio de ejecución era absolutamente irregular. La documentación debía ser firmada por el mandante y la Fundación de la Universidad, presidida por el ingeniero Carlos Bortis, a su vez, vicedecano de la Facultad de Ingeniería.
La tragedia del día 5 de diciembre, hizo visible lo invisible, lo que los indiferentes a la vida y el destino de la mayoría de los argentinos, se obstinan en tapar.
Eduardo Ahamendaburu es Coordinador del Departamento de Salud Laboral del Cispren y Presidente del Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente (ISLyMA) de la CTA, Regional Córdoba. (ARGENPRESS)
