El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) realizó un reclamo administrativo alegando la existencia de un fallo judicial vigente, la falta de aval legislativo y denunciando una «triple imposición tributaria» en medio de la crisis económica.

A pocos días de haberse puesto en marcha el cobro de peaje en la Ruta Provincial N° 6, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) intimó formalmente al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, conducido por el Dr. Gabriel Katopodis, a suspender de forma inmediata la percepción de la tarifa en dicho corredor.

La presentación administrativa fue radicada por Jorge Zatloukal, Director Ejecutivo del CONADUV, con el patrocinio letrado de la Dra. Julieta Ripoli, responsable legal de la organización. El escrito exige la abstención inmediata del cobro, la suspensión de los efectos de las Resoluciones 475 y 767, y la revisión del mecanismo de actualización trimestral automática junto con la recomposición adicional del 23,81 % implementada en las estaciones de peaje de San Vicente, Las Heras y Cardales.

Falta de Ente Regulador y conflicto de intereses

Uno de los ejes centrales del reclamo radica en la vulneración del artículo 42 de la Constitución Nacional por la ausencia de un Ente Regulador autónomo. Desde la entidad denuncian que la administración provincial se encuentra de «ambos lados del mostrador»: la Provincia de Buenos Aires actúa como concedente, fija las tarifas y debe fiscalizar el servicio, al mismo tiempo que controla a la empresa estatizada Autopistas de Buenos Aires S. A. (AUBASA), beneficiaria directa de las recaudaciones y los incrementos.

Al respecto, Zatloukal recordó un antecedente decisivo impulsado por el exjuez Luis Arias en 2017: «Está vigente el fallo que ordenó a la empresa AUBASA abstenerse de cobrar tarifa alguna por peaje a los usuarios de la autovía Ruta Provincial N° 6 sin expresa habilitación legislativa y audiencia pública previa», sostuvo.

Por su parte, la abogada Julieta Ripoli remarcó las inconsistencias en el control ético y financiero del cuadro tarifario: “¿Quién controla el aumento cuando quien lo autoriza también controla a quien lo cobra? La impugnación exige una evaluación independiente de las propuestas de AUBASA y mayores garantías de transparencia, ética pública y rendición de cuentas. El interés financiero de la empresa no puede confundirse con el interés público ni desplazar la protección del usuario”.

Sin justificación de costos y sin vías alternativas

El planteo advierte además que las fórmulas automáticas de ajuste no garantizan la razonabilidad económica ni la accesibilidad del servicio. En este sentido, la entidad exigió transparente la relación entre los incrementos, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la evolución del salario mínimo y la canasta básica, garantizando que el peaje no se utilice para financiar erogaciones ya cubiertas por partidas presupuestarias del Estado.

Finalmente, Ricardo Lasca, representante del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA) y Coordinador del CONADUV, enfatizó la ilegitimidad del esquema actual: “Esperamos no tener que recurrir a la justicia, confiando que tanto el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires como el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos hagan lugar a nuestro reclamo dada la situación económica, que es sumamente grave. Estamos frente a una triple imposición tributaria y ante la falta de caminos alternativos libres de pago, lo cual hace que este peaje sea claramente inconstitucional”.