Milei exigió recalibrar el Presupuesto y la inflación proyectada bajó más de tres puntos

En una jornada de alta tensión política y económica, apenas seis horas separaron la reunión de la mesa política en la Casa Rosada del ingreso formal del Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados.

Ese fue el lapso en el que el ministro de Economía, Luis Caputo, debió ajustar al máximo las variables macroeconómicas para torcer el rumbo de la pauta inflacionaria de cara a un año electoral estratégico.

El punto de discordia radicó en las cifras informadas por el propio Gobierno. A las 16:10 del martes, Presidencia comunicó oficialmente que Caputo había presentado un esquema con una proyección de inflación del 21,1%, un crecimiento del PBI del 4% y un dólar promedio de $1.728.

Sin embargo, al ingresar el texto definitivo a Diputados a las 22:10, la pauta de inflación se redujo al 18% punta a punta para todo el 2027.

Las dos versiones tras la corrección del número

• La versión política: Fuentes vinculadas a la negociación señalan que la «pata política» del Gobierno forzó la corrección de último momento para evitar presentar un índice superior al 20% en pleno año electoral. «Toto estuvo afinando los números hasta el límite. No te sorprenda que salte alguna inconsistencia», admitieron desde el Ejecutivo.
• La versión técnica: Desde el Congreso sostienen que no existió una modificación real, sino una diferencia metodológica. Argumentan que el 21,1% corresponde a la inflación promedio anual (afectada por el arrastre del año anterior), mientras que el 18% representa la variación punta a punta (diciembre 2026 contra diciembre 2027).

El impacto en las cuentas públicas y el relato fiscal

Más allá de la compatibilidad técnica de ambos indicadores, la pauta de precios fijada es crucial. Una proyección de inflación más baja sobre el papel fija partidas de gasto sin actualización automática —como transferencias discrecionales e inversión pública— en montos nominales menores.

Si la inflación real termina siendo más alta, la recaudación sube al ritmo de los precios mientras el gasto queda congelado, generando una licuación que facilita el superávit fiscal.

Por otro lado, los números reflejan un baño de realidad frente al optimismo inicial del oficialismo, que para el año previo había estimado una inflación del 10%.

Las nuevas metas del 18% y 21,1% responden también a las exigencias del FMI y del mercado financiero, que reclamaban un marco macroeconómico más realista y menos voluntarista para garantizar la credibilidad de las cuentas públicas.