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Es contra la violencia digital en las escuelas bonaerenses

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires dio un paso clave para combatir el ciberacoso y proteger a las infancias y juventudes en entornos virtuales.

El proyecto de ley de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos, conocido como «Ley Ema», obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Legislación General y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto en la sesión prevista para el próximo 27 de agosto.

La iniciativa, impulsada por la diputada Mayra Mendoza junto a Laura Sánchez —madre de Ema Bondaruk, la adolescente bonaerense cuyo caso inspiró la norma— y organizaciones especializadas, busca adaptar las herramientas de convivencia escolar a la era digital.

El texto parte de la premisa de que los conflictos generados en redes sociales o plataformas virtuales no se detienen en la puerta del colegio, sino que impactan de lleno en el clima del aula.

Ejes centrales de la iniciativa

• Ciudadanía y educación digital: La Dirección General de Cultura y Educación deberá incorporar contenidos sobre privacidad, consentimiento, uso ético de tecnologías y manejo de Inteligencia Artificial (IA) en todos los niveles educativos.
• Actualización de protocolos: Se establecerán pautas específicas para actuar ante casos de grooming, ciberacoso, difusión no consentida de material íntimo y suplantación de identidad, garantizando la preservación de evidencia digital y evitando la revictimización.
• Capacitación docente continua: El personal educativo y directivo recibirá formación obligatoria para detectar de forma temprana señales de riesgo y activar las medidas de protección necesarias.
• Nuevas tecnologías e IA: Incorpora mecanismos de resguardo frente a la manipulación de contenidos digitales y las nuevas formas de vulneración tecnológica.

Tras obtener el respaldo de las comisiones de Educación y de Legislación General —esta última presidida por Rubén Eslaiman—, la propuesta ingresará al temario de la primera sesión ordinaria tras el receso invernal, marcando un avance legislativo crucial para garantizar entornos educativos seguros dentro y fuera de la pantalla.