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Es en una causa por lavado de $27.000 millones

Una causa judicial por presunto lavado de activos y uso de «mulas financieras» sacudió a Mar del Plata tras la detención del empresario Mauro Perrotta, referente de la cadena Red Line Gym. El expediente, que tramita bajo la órbita de la fiscal platense Betina Lacki, investiga una presunta organización criminal que habría movilizado más de $27.000 millones.

La investigación comenzó al detectarse la captación de personas en situación de vulnerabilidad económicamente por parte de Albertina Mangini, funcionaria vinculada al Patronato de Liberados. A las víctimas se les ofrecían $80.000 a cambio de entregar su documentación y someterse al escaneo biométrico del iris para abrir cuentas bancarias y billeteras virtuales (Mercado Pago, Ualá, PayPal) que luego eran tomadas por la banda.

El rol del empresario y el esquema financiero

Perrotta es señalado por la Justicia por intervenir en la apertura y administración de estas cuentas y asociarlas a dispositivos bajo control del grupo. Allanamientos realizados en gimnasios de su propiedad permitieron secuestrar material electrónico para la causa.

• Origen de los fondos: Dinero vinculado a apuestas y casinos online clandestinos.
• Maniobra (smurfing): Fragmentación del dinero en múltiples operaciones pequeñas para ocultar su rastro. En un solo caso se detectó un flujo bruto superior a los $27.149 millones.
• Marcas operativas: Transferencias que finalizaban de forma recurrente en “.12” y saldos residuales fijos de unos $1.000 en las cuentas.
• Estructura de reciclaje: Involucra activos virtuales y mesas de mercado OTC a cargo del financista Ignacio Leonel Marchioni.

Situación procesal

Tanto Perrotta como Mangini optaron por no declarar ante la fiscalía, mientras que Marchioni prestó declaración argumentando que realizaba tareas de corretaje e inversiones.

Los tres detenidos están imputados junto a Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag y Cristian Alejandro Scigliano por los delitos de asociación ilícita, estafa y lavado de activos. La causa requirió procedimientos simultáneos en La Plata, Quilmes, Córdoba y Mar del Plata.