Kicillof promulga nueva ley de deudores alimentarios para reforzar derechos y equidad
El gobernador Axel Kicillof, junto a la ministra Estela Díaz, promulgó la nueva Ley del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y profundizar la equidad de género. La nueva normativa, recientemente sancionada por la Legislatura bonaerense, busca agilizar el proceso de inscripción y ampliar las sanciones por incumplimiento.
«Es un compromiso de nuestro gobierno», afirmó Kicillof durante el acto de promulgación, destacando que la medida responde a un mandato de su gestión y no a una confrontación política con el gobierno nacional.
La reforma del RDAM introduce cambios significativos para garantizar el pago de la cuota alimentaria en beneficio de niñas, niños y adolescentes. Según datos del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense, 7 de cada 10 mujeres en hogares monomarentales no reciben aportes económicos del progenitor, lo que profundiza la desigualdad de género.
Nuevas reglas para ingresar al registro
Entre las modificaciones más relevantes de la ley se encuentran:
- La inscripción en el registro desde el primer incumplimiento del pago, eliminando la necesidad de esperar tres cuotas consecutivas o cinco alternadas.
- La ampliación del alcance del registro a empleadores y acreedores que incumplan con su responsabilidad solidaria.
- La posibilidad de suspender los trámites de habilitación de comercios o industrias para deudores alimentarios, con excepciones para quienes no tengan otra fuente de ingreso.
- La inhabilitación de los inscriptos en el RDAM para formar parte del Registro Central de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.
«Era una ley de vieja data, con una bajísima cantidad de deudores registrados, y una prueba de que no era útil, era que no salían del registro, ni les importaba», remarcó la ministra Díaz, destacando la necesidad de una reforma para garantizar la efectividad del sistema.
Con esta ley, el gobierno bonaerense busca promover una política pública que contribuya a equilibrar las condiciones de poder entre los géneros en los procesos de cuidado y manutención, además de garantizar los derechos de las infancias.
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