La Corte Suprema de Justicia de la Nación asestó un duro golpe a la imagen de transparencia del PRO y de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal al rechazar los últimos recursos legales y dejar firme una sentencia que confirma el uso de 79 aportantes falsos por parte de la alianza Cambiemos en la campaña electoral legislativa de 2017 en la provincia de Buenos Aires.
La decisión del máximo tribunal ratifica el fallo de la Justicia Nacional Electoral, que había detectado graves irregularidades en el financiamiento de la campaña, desestimando así el discurso de pulcritud que enarboló Vidal durante su gestión y que el espacio fundado por Mauricio Macri suele evocar en debates sobre ética pública como la Ley de Ficha Limpia.
La investigación se originó a partir de la denuncia de cientos de personas que negaron haber realizado los aportes económicos que figuraban a su nombre para sufragar los gastos proselitistas de Cambiemos. La causa, conocida mediáticamente como la de los “Aportantes Truchos”, involucró al PRO, la UCR y la Coalición Cívica, entre otras fuerzas que integraban la alianza.
En el marco de la investigación, fueron procesadas cuatro personas señaladas como responsables económico-financieros de la campaña: Julián Vilche, Mauricio Redigonda, Carla Chabán y Alfredo Irigoin, imputados por la inclusión de “datos falsos en documentos públicos” de los presuntos aportantes.
La Justicia centró su atención en el informe final de recursos y gastos de la alianza Cambiemos durante las elecciones de 2017, donde los principales candidatos en la nómina bonaerense fueron Esteban Bullrich, Gladys González y Graciela Ocaña como primera candidata a diputada nacional. Si bien la resolución judicial no alcanzó a los responsables políticos de la fuerza, la ratificación de la Corte Suprema confirma las irregularidades denunciadas por 79 personas que negaron haber contribuido financieramente a la campaña. De las 19 personas restantes que admitieron sus aportes, solo una presentó la documentación respaldatoria.
La hipótesis central de la investigación apunta a que el gobierno de María Eugenia Vidal habría inscripto a beneficiarios de planes sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral de Cambiemos para justificar ingresos destinados a financiar las actividades proselitistas.
Cuantiosas multas para el PRO y sus aliados
Tras la ratificación de la Corte Suprema, el PRO y sus socios deberán afrontar importantes multas impuestas por la Justicia Nacional Electoral, luego de que el Cuerpo de Auditores Contadores detectara diversas irregularidades y desaprobara los informes finales presentados por la agrupación política.
Según el sitio Palabras de Derecho, el PRO fue multado con un total de $3.246.965,53, mientras que la UCR deberá pagar $990.599,65 y la Coalición Cívica la misma suma de $990.599,65. El Partido Demócrata Progresista, el Partido Conservador Popular, el Partido Demócrata, la Unión del Centro Democrático, el Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, el Partido Fe, el Partido del Diálogo y el Movimiento Social por la República 1 fueron sancionados con multas de $34.395,82 cada uno.
La decisión del máximo tribunal contó con la firma de tres de sus cuatro ministros, con la ausencia del flamante juez Manuel García Mansilla. La resolución deja firme las multas mencionadas y ratifica la desaprobación de los informes presentados por Cambiemos, sepultando así el relato de transparencia que intentó construir la ex gobernadora María Eugenia Vidal.
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