Hoy da inicio la 30ª Sesión de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), un encuentro crucial que podría definir el destino de la controvertida industria minera de aguas profundas.
La reunión marca el debut de la nueva Secretaria General, la científica Leticia Carvalho, cuyo nombramiento ha generado expectativas de un enfoque más centrado en la protección del ecosistema marino, mandato principal de la ISA.
Sin embargo, la agenda se ve ensombrecida por la inminente amenaza de The Metals Company (TMC), que planea presentar en junio la primera solicitud mundial para la explotación minera en los fondos marinos internacionales.
Esta acción se produciría en un vacío regulatorio, ya que aún no se han establecido normas ni reglamentos definitivos para esta actividad de alto riesgo.
En este contexto, TMC presiona a los gobiernos reunidos en Kingston para que ofrezcan certidumbre normativa y den luz verde al inicio de la minería submarina, a pesar de la creciente oposición a nivel global.
Marta Martín-Borregón, experta en la materia, ha declarado: “La industria minera de aguas profundas se está desmoronando y recurre a tácticas cada vez más desesperadas a medida que pierde el apoyo de gobiernos e inversores.
Las promesas de las empresas no se están cumpliendo y sus planes se están reduciendo incluso antes de comenzar. Este es el momento para que los gobiernos actúen con decisión y protejan el océano de esta industria tambaleante y arriesgada”.
La industria enfrenta una tormenta perfecta de desafíos: falta de respaldo financiero, escasez de buques especializados, retrasos en la construcción de equipos y resultados de pruebas mineras que contradicen sus afirmaciones de bajo impacto ambiental.
A esto se suma una creciente desconfianza en su viabilidad, el desarrollo de nuevas químicas de baterías que reducen la dependencia de los minerales del fondo marino, y la improbabilidad de obtener la aprobación de los gobiernos en la ISA.
Como un presagio de sus dificultades, TMC renunció a principios de este año a un tercio de sus zonas de exploración en el Pacífico nororiental.
Paralelamente a la amenaza de la primera solicitud de explotación, los contratistas de la minería submarina han enviado una carta conjunta al Consejo de la ISA expresando su frustración por haber invertido 2.000 millones de dólares sin que los gobiernos finalicen el Código Minero. Esta misiva ha sido cuestionada por representantes indígenas presentes en la ISA.
Martín-Borregón añade: “Las empresas mineras de aguas profundas parecen confundidas sobre el papel de la ISA. Los gobiernos no están aquí para proteger los intereses de las empresas, sino para cooperar en la preservación del océano para las generaciones futuras. La única respuesta responsable a estas peligrosas amenazas es establecer una moratoria”.
Hasta la fecha, treinta y dos gobiernos han manifestado públicamente su oposición al inicio de la minería submarina en 2025 y han solicitado una moratoria a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.
La presente sesión de la ISA se presenta como un momento crítico para determinar si prevalecerán los intereses de una industria en declive o la protección de un ecosistema marino vital y aún desconocido.
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