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Por INECIP

En el año 2018 se inició la investigación del caso “Cuadernos”, que evidenció la lógica relacional en la que se desarrolla la corrupción. Este caso permitió romper el sentido común generado a lo largo de los años, que colocaba a los grandes empresarios de nuestro país como supuestas víctimas de extorsiones por parte de funcionarios públicos.

”Cuadernos” visibilizó que tanto el poder político como el poder económico son parte del fenómeno de la corrupción, que la criminalidad empresarial contribuye al vaciamiento del Estado y que funcionarios y empresarios se unen a los fines de lograr negocios espurios a costa de los intereses de la sociedad.

Pero a medida que las investigaciones avanzaron, y luego de que funcionarios y empresarios desfilaran por los pasillos de Comodoro Py como indagados, detenidos o arrepentidos, hoy prácticamente no existe avance en materia de juzgamiento y sanción.

Este miércoles, la Cámara Federal de Casación Penal, en un fallo dictado por Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone, intervino en la causa “Cuadernos”. Con argumentos jurídicamente insostenibles, favoreció al empresario de la construcción y contratista del Estado en diversas obras públicas, Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, acusado de sobornar a funcionarios públicos del gobierno de Cristina Fernández.

La Cámara resolvió que esos pagos debían ser interpretados como “aportes no declarados” para las campañas electorales del partido gobernante, y no como coimas o sobornos. Por ese motivo, decidió trasladarlos a la justicia electoral, excluyendo a Calcaterra del juicio oral criminal al que la causa “Cuadernos” se aproxima. 

De este modo, las falencias del sistema de financiamiento de la política se convierten, increíblemente, en una excusa para justificar a los empresarios que pagan coimas.

No es un hecho aislado en el devenir de esta misma causa. En el año 2021, el juez Ercolini falló en esta misma dirección, al sobreseer a Paolo Rocca y otros directivos de Techint, argumentando que habían coimeado a funcionarios bajo un “estado de necesidad”.

Con estos fallos, el Poder Judicial, en particular, “Comodoro Py”, garantiza una vez más que el Poder Económico y el Poder Político sigan gozando del pacto transversal de impunidad que la causa “Cuadernos”, conocida como el “Odebrecht argentino”, había puesto bajo la lupa. 

Pero esta decisión está rodeada de circunstancias que reflejan las deficiencias del sistema de justicia en su conjunto para perseguir y sancionar la corrupción y la criminalidad económica:

Uno de los jueces que firmó el fallo es Carlos Mahiques, uno de los participantes de la famosa reunión de jueces y empresarios en Lago Escondido, que el Consejo de la Magistratura nunca investigó. 

Es, a su vez, el padre de otro de los participantes de esa reunión, Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la CABA, públicamente mencionado como uno de los candidatos a la Procuración General de la Nación, encargada de la política de persecución penal de estos fenómenos criminales.

Hace menos de un mes, la Cámara de Casación Federal dictó un fallo plenario en dónde se autoasignó la facultad de intervenir en la revisión de recursos que el Código Procesal Penal Federal acusatorio no le habilitaba. Este fallo puede ser entendido como una preocupante muestra de cuál es el fundamento, no jurídico, sino político, de esa decisión: mantener un control directo sobre las causas de corrupción.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene ahora la responsabilidad de revertir este fallo, ya que afecta compromisos internacionales del Estado en materia de lucha contra la corrupción. Pero el Gobierno Nacional, con un preocupante silencio por parte de todos los partidos (aliados y opositores) con representación en el Senado, se apresta a designar en esa Corte al juez federal Ariel Lijo, acusado de favorecer la impunidad de políticos y empresarios.

Por último, a seis años de su inicio, este caso sigue sin llegar a juicio. Decisiones trascendentales se siguen tomando en el marco de un expediente escrito, sin ningún tipo de transparencia o publicidad, gracias a otro acuerdo transversal de la dirigencia política: mantener el sistema inquisitivo, sin audiencias orales ni juicios por jurados, en Comodoro Py.

Mientras el Estado es desguazado en nombre de la lucha contra la corrupción, esa misma corrupción parece beneficiarse, una vez más, de la impunidad estructural que nuestra democracia sigue sin poder transformar.