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La concretó este sábado 6 de enero el subsecretario de Prevención y Monitoreo de la Municipalidad de Necochea, Ángel Vázquez, tras conocerse el retome de la inactividad en las playas locales de parte de estos trabajadores.

El Departamento Ejecutivo solicitó a la justicia ordinaria se arbitren “los medios necesarios a efectos de hacer cesar los posibles hechos ilícitos”, señalando que se estaría ante “la posible comisión del delito de acción pública”, todo ello basado en que esta actividad calificaría ser un “servicio esencial”.

En la nota se añade que la Asociación de Guardavidas “deliberadamente ha establecido la interrupción abrupta del servicio (…) poniendo de tal forma en peligro la vida, la seguridad y la salud de las personas que asisten a las playas de Necochea y Quequén”, no sin antes remarcar que el paro en “cuestión no ha sido notificado a la Municipalidad de Necochea, resultando (…) absolutamente ilegal, intempestivo e irrazonable”

Por Jorge Gómez (Colaboración)

Vista la decisión de retomar y de profundizar los alcances de la medida de fuerza que consiste en un paro de actividades que se traslada a la no prestación servicios en las playas locales por parte de los afiliados a la Asociación de Guardavidas de Necochea y Quequén (AGNQ), decisión que se informó en las primeras horas de la mañana de este sábado 6 de enero, con prolongación -añade el comunicado distribuido a la prensa desde la citada entidad- hasta este domingo 7 de enero de 2024 inclusive, la Municipalidad de Necochea presentó en esta jornada de Reyes una denuncia penal ante la Justicia local solicitando “se arbitre los medios necesarios a efectos de hacer cesar los posibles hechos ilícitos”, habida cuenta que se estaría ante “la posible comisión del delito de acción pública”.

La mencionada denuncia fue presentada por el subsecretario de Prevención y Monitoreo de la comuna necochense, Ángel Vázquez, tras una reunión que habría tenido lugar a media mañana de este sábado en el despacho del intendente municipal, Arturo Rojas, en la que, junto a otros funcionarios, se habría analizado la situación suscitada tras el compromiso asumido por los paritarios municipales -Departamento Ejecutivo, Sindicato de Trabajadores Municipales, ATE y aquella Asociación de Guardavidas- que deliberaron este pasado viernes 5 de enero por la tarde para abordar cuestiones relacionadas al reclamo de ajuste salarial, abriéndose un cuarto intermedio en las negociaciones que se prevén continuar la semana próxima.

“Al momento de la presentación de esta denuncia el conflicto se mantiene sin que la Asociación de Guardavidas de Necochea-Quequén (AGNQ) haya garantizado la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción. Por el contrario, deliberadamente ha establecido la interrupción abrupta del servicio ufanándose de la decisión adoptada poniendo de tal forma en peligro la vida, la seguridad y la salud de las personas que asisten a las playas de Necochea y Quequén”, se señala entre los fundamentos de la mencionada denuncia penal, posteriormente a remarcar que “la medida en cuestión no ha sido notificada a la Municipalidad de Necochea, resultando la misma absolutamente ilegal, intempestiva e irrazonable”.

Una fuente conocedora del carácter que viene teniendo este conflicto expresó, frente a una consulta de este periodista, que “el Ministerio de Trabajo de la Provincia tiene la obligación, según se puede deducir, de actuar y por ende decir si este paro tiene legalidad o no. No puede desentenderse, más allá de la discusión que está teniendo el contenido del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se está dando a nivel nacional y que pretende fijar porcentajes de trabajadores que tienen que trabajar más allá de un paro de actividades”.

“Otro tanto -consignó un seguidor del tema que tiene en permanente atención a la Municipalidad local- se le presenta a la justicia, que tiene que expresarse si hay o no delito frente a esta circunstancia”.

La médula de estas apreciaciones están línea recta frente a una profunda preocupación: la presunción de que fallezca alguna persona que concurra a las mejores playas del país, las de Necochea y Quequén, a consecuencia de no ser rescatada de las aguas de mar, en sectores que tienen servicio de guardavidas.
“¿Qué sector, organismo o dependencia será finalmente el responsable si se da una fatalidad de este tipo: los guardavidas, el Ministerio de Trabajo de la Provincia, que pareciera estar dejando que las cosas sucedan, la Justicia ante la denuncia presentada, o la propia Municipalidad de Necochea?”.

Al cierre de este informe se pudo observar un video publicado en un portal local (NDN), en el que se observa el rescate de las aguas de nuestra playa de una persona, tarea a cargo de guardavidas, instancia que habilitó otro interrogante: “¿Y si la marcha de los trabajadores guardavidas que pareciera estaban pasando con su protesta por este sector no se hubiese dado en ese preciso momento, o la necesidad de su intervención, con el paro en vigencia, se produce en otro lugar de la playa, cuál podría haber sido el resultado de este supuesto?”

Volvamos a la cualidad de la denuncia.

“En función de todo lo expuesto -se remarca en el requerimiento puesto a resultas de la Justicia penal- solicito -petición de Ángel Vázquez, funcionario comunal- se investigue la posible comisión del delito tipificado en el artículo 106º del Código Penal y se proceda de manera inmediata a hacer cesar los efectos del ilícito”, requiriendo se tome testimonio, y en calidad de pruebas, respectivamente, al jefe de Guardavidas y Operativo en Playas, Julio Ripamonti, a la Delegación Regional Necochea del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, y que se tomen en cuenta crónicas periodísticas que informaron este sábado 6 de enero del vigencia paro de actividades de parte de los guardavidas nucleados en la Asociación que los representa.

En el ítem “antecedentes” de la denuncia -casi 7 carillas- se realiza un pormenorizado relato de los sucesos que se vienen dando desde el pasado miércoles 3 y jueves 4 de enero cuando la AGNQ convocó a un “paro general de actividades con respecto a la prestación del servicio de guardavidas”, basado en no haber encontrado respuesta positiva a su petición ante el Departamento Ejecutivo de un importante incremento en sus haberes -se solicitó un 100% de ajuste en tales remuneraciones-.

Fue por entonces que, en ámbitos del Ministerio de Trabajo bonaerense con asiento en Necochea, deliberaron las partes y, según aduce el texto de la denuncia, la entidad que nuclea a los guardavidas convino “garantizar -se señala- la cobertura mínima del servicio”, circunstancia que no se habría concretado, presentándose el marco de un notorio “incumplimiento” al respecto, denunciándose esta situación desde el DE ante las autoridades del área de Trabajo de la Provincia.

“Dicha Delegación frente al conflicto colectivo e incumplimiento denunciado -se lee en el texto de la denuncia- omitió intervenir, desligándose ilegítimamente de sus competencias, responsabilidades y ámbito de actuación”.

Se recuerda que la AGNQ decidió interrumpir aquel inicial paro de actividades para participar de la mesa paritaria municipal que tuvo lugar -se recuerda- este último viernes 5 de enero por la tarde, ocasión en que se fijó un cuarto intermedio hasta mediados de la semana que viene para intentar arribar a un entendimiento entre aquel conjunto de paritarios, entre ellos los guardavidas.

“Sentado cuanto antecede, en el día de la fecha (6 de enero de 2024) y en horas de la mañana mediante las redes sociales (Instagram, Facebook, etc.) la Asociación de Guardavidas de Necochea-Quequén (AGNQ) comunicó el paro total del servicio de guardavidas.

Es decir, de manera totalmente intempestiva y sin notificación formal ni fehaciente a la Municipalidad de Necochea ni a la Delegación Regional Necochea del Ministerio de Trabajo, la mencionada asociación decidió no prestar ningún tipo de cobertura del servicio de guardavidas”, se añade en otro párrafo de la denuncia, verificando el jefe municipal del área en cuestión que sólo un puesto tuvo cobertura -bajada pública de calle 87-, más la presencia de dos trabajadores en la playa que tienen a su cargo las camionetas afectadas al servicio.

El razonamiento y el entendimiento municipal sobre el particular es que la actuación de los guardavidas encuadraría en labores de carácter esencial. Aquí entra la discusión el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de la administración del presidente Javier Milei, que tiene una serie de amparos en curso y que es materia de deliberación nacional.

“Si no se quiere tomar en cuenta este DNU, hay que mirar para atrás y siempre hay porcentajes de obligación de concurrir a trabajar cuando es una labor esencial”, fue la respuesta obtenida de un abogado entendido en estos temas.

El texto de la denuncia de este sábado que se informa por aquí hace mención en este sentido a la vigencia de normas que indican, entre otras consideraciones, que “cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción”, tras lo cual se toma en cuenta lo previsto en el citado DNU de la administración nacional del presidente Javier Milei -cuestión que se reitera encuentra su contenido en discusión- en cuyo artículo 24º establece, en algunas de sus líneas, lo siguiente:

“ARTÍCULO 24.- Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental, quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos. En lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la prestación normal del servicio de que se tratare. En el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al CINCUENTA POR CIENTO (50%)”.

“La doctrina emanada del Comité de Libertad Sindical (…) considera servicios esenciales, en el sentido estricto del término, aquellos cuya interrupción pudiera poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población”, se expresa en otra de las partes de la denuncia penal.
El texto hace una diferenciación entre un servicio esencial como así alguna otra actividad estatal -en este caso municipal- no contemplada en las normas nacionales, aclarando que podría encuadrarse lo que se suscita por estas horas con el paro de los guardavidas en forma excepcional cuando “la extensión y duración de la interrupción de la actividad de que se tratare pudiere poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la persona en toda o parte de la comunidad”, se acota.