En poco mas de dos semanas Argentina tiene que pagar USD 16000 millones, una cifra inviable. De no cumplir la sentencia, las posibilidades de conseguir financiamiento externo son nulas.
Ningún funcionario del gobierno consideró la posibillidad de que Argentina tuviera que pagar USD 16000 millones en poco más de dos semanas. El revés es durísimo y el número inviable.
La jueza del segundo circuito de Nueva York Loretta Preska dejó firme el plazo del 10 de enero para afrontar la sentencia de USD 16000 millones o, de lo contrario, los demandantes del juicio por la expropiación de YPF quedarían habilitados para solicitar embargos.
La magistrada que ya había autorizado una primera prórroga, pahora rechazó el nuevo pedido de la administración Milei para patear la fecha otros 30 días.
La noticia fue un balazo al corazón del equipo económico del gobierno. «No la vieron venir y ahora está en juego todo el programa», afirmó a LPO una fuente de Juntos por el Cambio. «El fallo de Preska nos dejó en bolas», dijo.
Los referentes del oficialismo con más experiencia saben que el fallo es de imposible cumplimiento y que el costo de no pagar es clausurar toda chance de financiamiento externo.
«Nadie le va a prestar dólares a un país que no acata un fallo de la justicia norteamericana. Ni siquiera el FMI», indicó la misma fuente, que además resaltó que «con esto se dilapida la única posibilidad de éxito que tiene el plan económico de Caputo».
Resulta evidente que nadie previó un fallo adverso. «Estamos analizando las alternativas», dijo esta viernes el vocero presidencial Manuel Adorni. «La Argentina va a cumplir con sus compromisos y va a respetar sus contratos siempre», dijo el vocero. Sin embargo no dio detalles concretos sobre los puntos que está analizando el Ejecutivo.
Según el portavoz presidencial, el juicio «es parte de un gran desorden que estamos tratando de solucionar para que los argentinos estemos lo menos afectados posible».
El juicio lo ganó el fondo buitre se segunda generación Burford Capital, quien compró el derecho a litigar al grupo Petersen de la familia Eskenazi quienes aseguraron haber sido perjudicados porque Argentina no les dio el mismo tratamiento que a la española Repsol a quien se le compró su paquete accionario por unos USD 5.000 millones.
El grupo Petersen desembarcó en YPF mediante dos sociedades anónimas españolas (Petersen Energía y Petersen Energía Inversora), adquiriendo el 25% de las acciones de YPF con préstamos que nunca se pagaron. Por su parte el fondo inglés Burford pusó USD 17 millones para quedarse con el juicio por y así participar un el 30% de la indemnización. Este año la jueza dijo que ese reclamo era válido y condenó al Estado Argentino.
«Esto es consecuencia exclusiva de un equipo que se destaca por su incapacidad. Hace meses que la jueza dictó este fallo, se sabía que vencía la prorroga y ni siquiera se contactaron con el estudio de abogados que representa al país en Nueva York», contó a LPO un ex funcionario que tuvo una gran participación en este juicio.
LPO (La política On Line)
