Una banda les pagaba hasta 20.000 dólares a jugadores de primera y segunda, según la investigación, por provocar un penalti, una falta o una derrota de su equipo para maximizar las ganancias
La justicia brasileña ha acusado formalmente a 16 personas, incluidos siete profesionales de fútbol que juegan en primera y segunda división, de amañar partidos por encargo de una banda de apuestas online.
Los jueces han aceptado la denuncia de la fiscalía después de que tanto la Confederación Brasileña de Fútbol como el Gobierno pidieran una investigación a fondo que la policía federal ya ha emprendido. Entre los acusados, jugadores del Santos, el Fluminense y el Internacional.
El escándalo que amenaza con hacer temblar los cimientos del fútbol brasileño tuvo su primer acto en noviembre del año pasado con el centrocampista Romário, un jugador de 20 años del Vila Nova de Goiás, un equipo de segunda, como protagonista.
Romário esperaba nervioso en el banquillo en el partido contra el Sport. Poco antes había aceptado un soborno de miles de reales por provocar un penalti, según la denuncia de la Fiscalía.
El futbolista había recibido una parte del dinero, pero había un problema: no fue convocado por el entrenador. Desesperado, intentó convencer a toda prisa a algún colega del equipo, pero no hubo manera.
Los rumores que empezaron a correr por el vestuario esos días hicieron sospechar al presidente del club, Hugo Jorge Bravo, que casualmente es policía y empezó a investigar por su cuenta.
Tres semanas después, Romário abandonaba el equipo por “indisciplina grave”. Era el comienzo de un escándalo que empieza a crecer peligrosamente.
La Fiscalía sostiene en su denuncia que el grupo de apostadores normalmente ofrecía a los jugadores entre 50.000 y 100.000 reales para que hiciesen jugadas muy específicas en los partidos, como un número determinado de faltas, tarjetas amarillas, saques de córner o incluso para que se esforzaran en la derrota de su propio equipo.
Si todo salía como estaba previsto, los apostadores obtenían grandes beneficios en páginas web de apuestas.
La investigación ha detectado al menos 23 de estas jugadas delictivas en los partidos; hay 13 encuentros bajo sospecha, todos de la temporada pasada.
Entre los implicados, jugadores de clubes como el Santos, Fluminense, Internacional Juventude, Cuiabá, Cruzeiro, Athletico Paranaense, Internacional, pero la lista podría ir en aumento.
Uno de los sospechosos más conocidos es el defensa del Santos Eduardo Bauermann, que está acusado de recibir al menos 50.000 reales por lograr que le sacaran una tarjeta amarilla en el último partido contra el Avaí en 2022, según la investigación.
El jugador fue destituido por el club este martes. También corrieron la misma suerte el lateral Pedrinho, del Athletico Paranaense, el centrocampista Richard, del Cruzeiro, o el delantero Vitor Mendes, del Fluminense.
La conversación de otro jugador, Fernando Neto, actualmente en el São Bernardo, con un apostador, sirve de ejemplo del burdo sistema cuando le dice que ha hecho todo lo posible para ser expulsado del partido, tal como habían pactado, según uno de los intercambios por WhatsApp detectados y filtrados.
“Mira las faltas que hice, solo faltó agredir al árbitro (…) lo intenté de todas las maneras y ese hijo de puta no me expulsó”, lamentaba.
Se lo decía a Bruno Lopes, uno de los apostadores que según la Fiscalía era el cabecilla de la banda, en la que hay otros ocho acusados.
En esos casos los apostadores no se conformaban fácilmente. Algunos jugadores han relatado amenazas.
En el caso de Bauermann, dos apostadores (que habrían perdido 800.000 reales porque el jugador no cometió las faltas prometidas) llegaron a hablar de la posibilidad de matarle.
En casa de uno de ellos la policía encontró dos armas de fuego y 23 municiones sin autorización legal.
La Confederación Brasileña de Fútbol pidió a la presidencia del Gobierno y al Ministerio de Justicia que la Policía Federal asumiera y centralizara las investigaciones y descartó que vaya a afectar a los partidos.
“No hay ninguna posibilidad de suspender la competición actual”, expresó en un comunicado, remarcando que, de momento, la pesquisa se refiere a partidos de la pasada temporada y que la actual no está manchada.
Los jugadores implicados podrían ser suspendidos durante dos años, según el código del Tribunal de Justicia Deportiva.
En la esfera penal pueden ser acusados de delitos como banda criminal, blanqueo de dinero y corrupción en el ámbito deportivo, que prevén condenas de dos a ocho años de cárcel, además de multas.
El escándalo ha reabierto el debate sobre las casas de apuestas deportivas, que en Brasil son legales desde 2018 y crecieron exponencialmente sin una regulación clara porque operan desde el extranjero.
Según un recuento del diario O Globo, en Brasil mueven cerca de 150.000 millones de reales al año, pero apenas pagan impuestos.
La Cámara de Diputados prepara una comisión de investigación sobre los amaños deportivos y el Gobierno, una ley para que este floreciente sector empiece a tributar.
