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Por Kristalina Georgieva y Tobias Adrian

El sector público debe desempeñar un papel importante en catalizar el financiamiento climático privado.

Compartir los riesgos entre los sectores público y privado dirigiría una mayor parte de los activos financieros del mundo a proyectos climáticos.

El cambio climático es uno de los desafíos macroeconómicos y de política financiera más críticos que enfrentarán los miembros del FMI en las próximas décadas. Los recientes aumentos en el costo del combustible y los alimentos, y los riesgos resultantes de disturbios sociales, subrayan la importancia de invertir en energía verde y aumentar la resiliencia ante las crisis.

Requerirá inversiones globales masivas para abordar el desafío climático y las vulnerabilidades a las crisis. Las estimaciones oscilan entre $ 3 billones y $ 6 billones por año hasta 2050. El nivel actual de alrededor de $ 630 mil millones es solo una fracción de lo que realmente se necesita, y muy poco se destina a los países en desarrollo.

Es por eso que necesitamos un cambio importante para aprovechar el financiamiento público y, especialmente, privado. Con $ 210 billones en activos financieros en todas las empresas, o aproximadamente el doble del producto interno bruto de todo el mundo, el desafío para los formuladores de políticas y los inversores es cómo dirigir una gran parte de estas tenencias a proyectos de adaptación y mitigación climática.

Este es el enfoque de una nueva nota climática del personal técnico del FMI sobre la movilización de financiamiento climático privado en economías de mercados emergentes y en desarrollo. Explora los factores que limitan el financiamiento climático y lo que los formuladores de políticas pueden hacer para abordarlos.

Restricciones

¿Qué impide que el dinero fluya en mayores volúmenes hacia proyectos climáticos fuera de las economías avanzadas?

Los incentivos están en el centro del problema. Los inversores tienen muchas opciones alternativas para generar rendimientos, incluidos los combustibles fósiles en ausencia de un precio de carbono sólido. Y actualmente, los proyectos verdes en los mercados emergentes y las economías en desarrollo simplemente no justifican los riesgos.

Por ejemplo, las inversiones tanto en mitigación como en adaptación a menudo conllevan altos costos iniciales, múltiples desafíos técnicos, un horizonte a largo plazo y modelos comerciales no probados. Agregue a eso los datos deficientes, los riesgos asociados con las fluctuaciones monetarias, las condiciones macroeconómicas, un entorno empresarial impredecible y el potencial percibido de agitación política.

Como resultado, muchas oportunidades climáticas no pueden asegurar suficiente financiamiento. Es más probable que aquellos que lo hacen atraigan a un pequeño grupo de inversores especializados que exigen altos rendimientos en una clase de activos en desarrollo y relativamente ilíquida, siendo la deuda el instrumento principal.

Este es particularmente el caso de las empresas de energía renovable, que operan en mercados sin liquidez y tienen necesidades de financiación a largo plazo. Por ejemplo, hay pruebas de que los grandes inversores descartan empresas con una capitalización de mercado inferior a 200 millones de dólares, un umbral que superan relativamente pocas empresas de energía renovable. Y la compensación que el mercado espera a cambio de poseer el activo y asumir el riesgo de propiedad, denominado costo de capital, para inversiones climáticas para inversores de impacto está en el rango del 12-15 por ciento en mercados emergentes y economías en desarrollo fronterizas. Esto sugiere que podría ser aún mayor para los inversores comerciales.

Liberar la financiación del sector privado

Estos obstáculos no son insuperables. Pero abordarlos, para cambiar los incentivos para los inversores nacionales y extranjeros, requerirá una acción coordinada y decidida en todo el sector público y privado.

El papel de la financiación del sector público y privado varía entre países según las características específicas de cada país y el contexto económico e institucional local. La combinación de financiamiento del sector público y privado es útil para reducir el riesgo de estas inversiones para el capital del sector privado en general, por ejemplo, a través de inversiones de primera pérdida o garantías de desempeño.

Por ejemplo, el sector público podría invertir acciones, lo que conlleva mayores riesgos si el activo subyacente pierde valor, o proporcionar mejoras crediticias para mejorar la solvencia de los proyectos. Ambos reducirían el costo de la inversión al reducir el riesgo para el sector privado. Al tomar una posición de capital en inversiones climáticas, el sector público asumiría gran parte del riesgo de inversión, pero también vería beneficios al alza cuando las inversiones tengan éxito.

Los bancos multilaterales de desarrollo tendrán un papel importante en este tipo de acuerdos. Ya son importantes proveedores de financiación climática, especialmente de deuda, que representa más de dos tercios de los 32.000 millones de dólares desembolsados ​​en 2020. Enfoques más innovadores, como el capital social, ayudarían a movilizar más capital privado y serían particularmente útiles para muchos los mercados emergentes y las economías en desarrollo ya soportan una pesada carga de deuda.

Otros instrumentos de financiación también tendrán un papel que desempeñar. Piense en asociaciones público-privadas o garantías multi-soberanas que ayuden a lograr índices de apalancamiento más altos. Y suscribir los riesgos de factores específicos, como la finalización de proyectos o la inestabilidad política, puede ser particularmente útil para aliviar las primas de alto riesgo que sirven para obstaculizar el capital privado. Un próximo capítulo analítico del Informe de Estabilidad Financiera Global de octubre analizará más a fondo los mercados financieros y los instrumentos para aumentar la financiación climática privada en las economías de mercados emergentes y en desarrollo.

Por supuesto, todas estas herramientas deben implementarse con cuidado. Entre los peligros más importantes se encuentran los aumentos potencialmente grandes de la deuda pública a través de la cristalización de los pasivos contingentes, por lo que los límites estrictos a la exposición del estado deben juzgarse adecuadamente. En Uruguay, por ejemplo, una ley limita los pasivos totales de las asociaciones público-privadas y las transferencias fiscales a los operadores privados del estado al 7 por ciento y al 0,5 por ciento, respectivamente, del PIB del año anterior.

El papel de la política

Más allá del financiamiento, los gobiernos pueden usar varias herramientas de política para ayudar a atraer capital del sector privado hacia las oportunidades climáticas.

Una primera prioridad es una fijación de precios del carbono sólida y predecible. Esto ayudaría a generar incentivos para la inversión privada en proyectos bajos en carbono, promovería un mercado más transparente y permitiría a los inversionistas tomar decisiones informadas en diferentes mercados.

El sector público también puede brindar liderazgo en el establecimiento de una sólida arquitectura de información climática para mejorar aún más la toma de decisiones y la fijación de precios del riesgo, así como para prevenir el “lavado verde”. Idealmente, esto incluiría datos y estadísticas de alta calidad, confiables y comparables; un conjunto globalmente armonizado y consistente de estándares de divulgación climática; y los principios acordados a nivel mundial para las taxonomías de financiamiento climático. Aquí, el FMI tuvo discusiones ricas sobre cómo cerrar las brechas de datos de financiamiento climático con otras organizaciones internacionales y partes interesadas en un foro estadístico en noviembre , y recientemente fue coautor de un informe para la Red para la ecologización del sistema financiero que establece los pasos urgentes que se deben tomar. necesarios para salvar las lagunas de datos.

Lo que está haciendo el FMI

El FMI también está contribuyendo en otros lugares, incluso a través de la supervisión, el desarrollo de capacidades, las evaluaciones de riesgo del sector financiero y las herramientas de diagnóstico y datos climáticos. De particular importancia son los programas para promover la gestión respetuosa con el clima de las finanzas públicas y las inversiones públicas. Además de promover la rendición de cuentas, la transparencia y un gasto más eficaz, estas medidas también pueden aumentar los ingresos nacionales y movilizar financiación externa de donantes y del sector privado.

Cuando los mercados emergentes y las economías en desarrollo tengan un espacio fiscal limitado, el nuevo Fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad del FMI podría ayudar. Con su enfoque en los cambios estructurales a más largo plazo, como el cambio climático, esperamos que desempeñe un papel catalizador y, por lo tanto, cree un entorno propicio para la inversión.

Nuevamente, el objetivo es atraer financiamiento adicional, particularmente del sector privado. Después de todo, el cambio climático es un desafío global que requiere financiamiento a nivel global.