Los abogados penalistas de Reino Unido entraron también en huelga, tras el éxito de adhesiones que tuvo el paro de tres días de los trabajadores ferroviarios, que la semana pasada detuvo los trenes y afectó a millones de pasajeros.
La protesta de hoy, proclamada por el Criminal Bar Association (CBA), un colegio de abogados de Inglaterra y Gales, es el resultado, como en el caso de los ferroviarios, de una disputa salarial agudizada por el repunte inflacionario desencadenado internacionalmente por la crisis energética y por los efectos colaterales de las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania, que se está haciendo sentir sobre la isla de manera particular.
Se trata de una iniciativa que no tendrá el mismo alcance que la de Transportes (la más grande del reino en los últimos 30 años), pero que, sin embargo, amenaza con paralizar al menos mil juicios diarios mientras dure el conflicto sindical.
De ahí la advertenciade Dominic Raab, ministro de Justicia del gobierno de Boris Johnson, según el cual la huelga provocará retrasos inaceptables a quienes esperan justicia, en un contexto marcado por más de 58.000 audiencias rezagadas por el Covid o por problemas estructurales.
Raab y portavoz de Downing Street instaron a los abogados, que hoy salieron a las calles frente a varios juzgados con toga y peluca blanca, a discutir la oferta de un aumento equivalente al 15% de los honorarios avanzado por el gobierno, que según sus cáculos representaría 7 mil libras anuales más (unos 8.600 dólares).
Pero según Kirsty Brimelow, número 2 de la CBA y defensora de la huelga, el aumento real sería mucho menor para los abogados y asistentes legales jóvenes, en primera fila en la disputa, porque están «mal pagados»; y en todo caso se pagaría solo «a partir de finales de 2023». (ANSA).
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