A partir del sábado, los 200 centros de diálisis privados diseminados en todo el país, no brindarán más atención a pacientes pertenecientes al programa federal (Profe) denominado Incluir Salud, a raíz de una deuda que mantiene el Estado nacional, por más de 250 millones de pesos, por el servicio que prestan.
Así lo anticipó la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra), debido a la falta de respuestas ante los reiterados reclamos de pago. La medida afecta a más de 1500 pacientes sin recursos. En sendas cartas documento enviadas al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Santiago Ibarzabal y al responsable del Profe, Pablo Atchabahian, los directivos de Cadra le piden una solución inmediata «para evitar consecuencias no deseadas».
El presidente de la Cadra, Darío Zapata, aseguró que el desfinanciamiento que hoy sufren los centros de diálisis del país, se debe, entre otros motivos a la «insuficiencia del valor del módulo, el desfasaje de los costos de los materiales, el incremento de los honorarios profesionales y sueldos y la demora en el pago de las prestaciones».
«Incluir Salud-anteriormente llamado Profe- a partir del año 2018 pasó a depender de la Agencia Nacional de Discapacidad. Es un Sistema de Aseguramiento Público de Salud que garantiza el acceso a los servicios de salud a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros grupos», se informó en un comunicado.
En el caso de la diálisis, se firmó un acuerdo por el cual el Estado deriva a los centros privados los pacientes carenciados y les paga por los servicios (las sesiones más el traslado). «En la práctica, el Gobierno nacional no paga desde abril del año pasado», concluyeron desde Cadra.
