El gobierno de María Eugenia Vidal afina una nueva propuesta de aumento salarial que tiene foco en equiparar la evolución de la inflación en lo que va del año y podría ser adelantada el lunes cuando vuelva a negociar con los gremios docentes, que por su parte ya decidieron que si no se arriba a un acuerdo no reiniciarán las clases.
El encuentro se realiza por orden judicial luego de que el gobierno mantuviera congeladas las convocatorias durante 90 días. El clima es de fuerte tensión: en 10 reuniones previas no se alcanzó un acuerdo -el Ejecutivo hizo varias ofertas de aumento, los gremios afirman que fueron todos insuficientes y con mínimas variaciones entre sí- y todo parece indicar que se está a la puerta de un nuevo conflicto.
Es que, aunque el gobierno mantiene el ofrecimiento en reserva (ni siquiera confirma si lo hará oficial el lunes o en un encuentro posterior), la agencia DIB pudo saber que el esquema que se analiza es un aumento que equipare la evolución de los salarios con la de la inflación, medida a través de IPC que elabora el Indec y teniendo en cuenta los resultados hasta el mes de julio inclusive.
La idea introduce un elemento de incertidumbre, ya que el índice de julio solo se conocerá la segunda semana de agosto. Pero de modo estimativo, casi todas las consultoras hablan de un piso del 3% sobre el 16% acumulado, según los datos oficiales, hasta junio. De ese modo, el ofrecimiento oficial podría rondar el 19 a 20%, muy por debajo del compromiso del 30% con cláusula de revisión que piden los gremios.
Ese esquema, de concretarse, podría tensar una negociación a la que se llega con un esquema de paros ya aprobado en asambleas de afiliados de las organizaciones del Frente de Unidad Gremial Docente (FUGD), la FEB, el Suteba, Udocba, AMET y Sadop), que en principio podría retrasar hasta 72 horas el reinicio de las clases tras el receso de invierno, previsto para el próximo lunes 30.
De hecho, la FUDG se disponía a anunciar un aumento el pasado miércoles 12 cuando el Tribunal de Trabajo 10 de La Plata le ordenó al gobierno realizar una nueva convocatoria para retomar unas negociaciones en las que no hay un encuentro formal de martes desde el 30 de julio. Solo por eso la medida quedó en suspenso – no fue desestimada. Ad referéndum de la evolución de la paritaria.
Ante los 10 paros que hasta ahora han realizado los gremios este año, el gobierno ha mantenido una política estricta de descuento de los días no trabajados. Además, comenzó a pagar un plus por presentismo que se aplicó por primera vez en forma retroactiva al calendario 2017. Además, en forma unilateral viene pagando incrementos escalonados que alcanzaron al 10% en junio.
Los gremios rechazan esas subas porque, afirman, no confirman legalmente salario al no surgir de una paritaria homologada y además debido a que impactan negativamente en la pirámide salarial, además de estar alejadas de los porcentajes que ellos pretenden. Esto último se agravó, señalan, luego de la crisis financiera y la devaluación: la inflación llegó oficialmente al 16% en junio, 6 puntos por encima de los adelantos del gobierno
