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El Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación relevó 292 femicidios durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2017, de los cuales 31 son vinculados y 5 son personas Trans.

El trabajo contiene la totalidad de casos relevados de asesinatos a mujeres (niñas, adolescentes y/o adultas), personas Trans, perpetradas por hombres por razones asociadas con su género, caratuladas como femicidio o por muerte dudosa bajo sospecha de femicidio  y, también, incluye los casos de femicidios vinculados.

El 17% de las víctimas fueron menores de 18 años; el 33% de entre 19 y 30 años; el 34% corresponde a víctimas de entre 31 y 50 años y el 15% a mujeres mayores de 50 años. Cabe destacar la incidencia de casos de niñas de muy corta edad entre las cuales puede incluirse a menores de 4 años.

Del total de femicidios se registró la existencia de denuncias en el 16,2%, mientras que en el 51,2% no se registra información y solo el 32,7% no realizó denuncia. Sin embargo, testigos allegados a las víctimas expresaron la existencia de episodios de violencias previos.

La mayor cantidad de casos fueron cometidos por hombres mayores de edad. Sobre la modalidad, en un gran número de casos, los asesinatos fueron cometidos mediante el uso de armas de fuego o por apuñalamiento, en tanto que, un alto porcentaje de las víctimas fueron golpeadas o estranguladas.

La provincia con mayor cantidad de casos fue Buenos Aires, con un total de 119 en el año. Le siguen las provincias de Córdoba con 26 casos; Salta con 24 casos confirmados; Santa Fe con 24 casos y Santiago del Estero con 19. No obstante, en el resto de las provincias se verificaron un número significativo de hechos sobre todo en la región del norte y centro de Argentina.

El Observatorio de Femicidios, sin perjuicio de la misión específica para el que ha sido creado, tiene, entre otras funciones, las de impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres; invitar a la sociedad civil en su conjunto a participar, cooperar y colaborar de manera, en función de los Objetivos 16 y 17 de la Agenda 2030.

Por ello, la Defensoría del Pueblo de la Nación redoblará sus esfuerzos para que todas las herramientas legales que tiene a su alcance y los compromisos internacionales que ha asumido se conjuguen y de manera compatible.

Recordemos que el Instituto Nacional de las Mujeres ha puesto en marcha el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019 (PNA).

El citado Plan Nacional de Acción que consta de 69 medidas y 137 acciones, si bien conlleva aciertos, nuestra Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha formulado sus consideraciones al presentar su Informe del Examen Periódico Universal (marzo, 2017) donde dice  que el Estado cumple parcialmente , pues, el Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer debe unificar criterios metodológicos con los registros provinciales.

Nuestra INDH en su informe de Femicidios 2017, ha formulado, entre otras, las siguientes recomendaciones y propuestas:

1. Incorporar figuras similares al femicidio, que contemplen casos agravados de homicidio, cuando mediare violencia de género (sin la presencia del elemento subjetivo «por odio”), siendo sujetos pasivos de tales conductas otros distintos a la mujer, que no distinga sexos, condición, identidad, o preferencia sexual.
2. Crear un programa de atención a hombres generadores de violencia contra las mujeres, de conformidad con la medida 22 del PNA.
3. Fortalecer las medidas 24, 34 y 35 del PNA.
4. Instar a la reglamentación de la Ley Nº 27.210 (acceso a la justicia).
5. Garantizar la obligación estatal de actuar con la debida diligencia para que las mujeres puedan acceder a un recurso judicial efectivo en salvaguarda de sus derechos humanos.
6. Promover la elaboración e implementación de protocolos de prevención y asistencia de la violencia de género en los establecimientos educativos, sanitarios y laborales.
7. Instar la sanción de la denominada Ley BRISA, mediante el cual se busca amparar a las víctimas colaterales de los Femicidios; mediante un aporte económico a los hijos hasta los 18 años de edad y, además brindarles asistencia y cobertura en salud.