Por Andrea Cáceres
Luego de décadas de lucha de los movimientos de mujeres, durante los últimos años comenzamos a sentir que las problemáticas que afectan a las mujeres lograban visibilizarse.
Esto se tradujo en el marco normativo (Ley 26.485) del cual se desprendió la creación de áreas, organismos y programas orientados a garantizar el efectivo ejercicio de los derechos.
En consonancia con el marco legal se pusieron en marcha políticas con clara perspectiva de género que contribuyeron al empoderamiento de las mujeres.
Hoy vemos como en el último año y medio, se ha producido un retroceso a partir del recorte efectuado en los presupuestos destinados a políticas de género en áreas fundamentales como las creadas para combatir la violencia hacia la mujer, en un contexto donde la cifras de femicidios crece de forma escalofriante.
Vemos como a pesar del impacto de la crisis en las madres y mujeres jefas de hogar, no existe ninguna política que contribuya a minimizar las consecuencias.
Una vez más, la feminización de la pobreza emerge como en los peores años de la década del 90.
En línea con el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires contribuye al achicamiento del estado, dejando en manos de ONG`s y movimientos de mujeres la tarea de generar oportunidades que permitan el acceso a recursos y políticas sociales.
El riesgo de quedar por fuera del mercado laboral y no poder acceder a los servicios básicos es hoy una realidad con la que conviven la mayoría de las mujeres.
En este contexto, la situación de las mujeres en nuestro distrito no es y no puede ser distinta, por lo menos en la actualidad.
A partir del reclamo de muchos años, se creó en el 2016 la Dirección de Políticas de Género, un área necesaria para dar respuestas a las problemáticas específicas de las mujeres.
Si bien tomamos como un avance su creación, es indispensable -teniendo en cuenta el avasallamiento de derechos actual-, el acompañamiento de políticas públicas orientadas no sólo al establecimiento de condiciones equitativas para las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad sino fundamentalmente la implementación de estrategias concretas que posibiliten el acceso al empleo, a la formación educativa, a la vivienda, a la salud y a la seguridad.
Difícilmente se pueda garantizar el ejercicio de derechos si continúan existiendo los obstáculos en el acceso a condiciones mínimas de vida, si las mujeres no pueden alimentar a sus hijos e hijas.
Difícilmente, si el estado municipal no proporciona herramientas como la creación de espacios para el cuidado de niños y niñas las mujeres puedan lograr independencia económica y autonomía.
El ajuste económico atraviesa los cuerpos de las mujeres, de sus hijos e hijas que siguen pagando con su presente y futuro el costo que imponen las decisiones políticas actuales.
Frente a este panorama, la respuesta no puede estar caracterizada por la insensibilidad y por la eterna espera de los recursos.
Esto no es otra cosa que un síntoma de la débil consideración que la igualdad de género les merece a las personas que nos gobiernan.
