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Por Manuel Tarricone 

El fallecido fiscal hizo una denuncia penal contra la Presidenta y otros funcionarios por un supuesto pacto secreto detrás del Memorándum de Entendimiento con Irán. Qué pasó con esa acusación y cuál es el estado actual.

El 18 de septiembre último se cumplieron ocho meses de la muerte de Alberto Nisman. El ex fiscal federal fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero el 18 de enero, cuatro días después de presentar una denuncia contra la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner; el canciller, Héctor Timerman, y otras personas por presunto encubrimiento de los imputados iraníes en la causa AMIA.

Esta tarde la Presidenta hablará ante la Asamblea General de la ONU, en la que desde hace años uno de los temas centrales de su discurso es la causa por el atentado a la sede de la mutual judía que el 18 de julio de 1994 provocó 85 muertos y la relación con Irán.

¿Qué pasó con la denuncia presentada por Nisman el 14 de enero?

Nisman, a cargo de la investigación por la causa AMIA, presentó la denuncia ante el Juzgado Federal N° 4 porteño, ya que su titular, Ariel Lijo, fue el juez que instruyó la investigación de la causa por el primer encubrimiento del atentado a la AMIA. En esa primera causa están siendo juzgados, entre otros, el ex presidente Carlos Menem, el ex secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy, el ex juez de la causa Juan José Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.

Sin embargo, el 2 de febrero Lijo sostuvo que no existía conexión entre ambos casos y que por lo tanto no le correspondía la causa, y elevó el expediente a la Cámara Federal, que mediante sorteo eligió al juzgado a cargo de Daniel Rafecas. Sebastián Ramos, quien en ese momento se encontraba subrogando el juzgado de Rafecas, se declaró incompotente y señaló que la causa debía ser investigada por Lijo. El presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, resolvió el pleito asignando la causa al juzgado de Rafecas.

El 13 de febrero Gerardo Pollicita, que era el fiscal de turno y por lo tanto quedó a cargo de la causa, retomó los argumentos volcados en la denuncia de Nisman e imputó formalmente a la Presidenta y al resto de los acusados por encubrimiento de los iraníes. Rafecas resolvió desestimar la denuncia por “inexistencia de delito”. El fiscal apeló y un mes más tarde, la Sala I de la Cámara Federal, por dos votos a uno, confirmó la decisión tomada por el juez.

El fiscal federal Germán Moldes, quien está a cargo de las apelaciones una vez que son elevadas a la Cámara, apeló el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal. Quien tomó la causa a partir de ahí fue el fiscal ante la Casación Javier De Luca, que el 20 de abril resolvió no impulsar la investigación porque no encontró pruebas de un delito. Como el fiscal no impulsó la causa, la Sala I de la Cámara de Casación ni siquiera tuvo que analizar la denuncia y sólo tomó nota del dictamen del fiscal.

Es decir que en el proceso intervinieron cuatro fiscales: Nisman, Pollicita, Moldes y De Luca. De estos sólo el último decidió desistir de la denuncia. También pasó por siete jueces: Rafecas, los tres jueces de la Sala I de la Cámara Federal (Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler) y los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación (Ana María Figueroa, Luis María Cabral y Gustavo Hornos). De estos, todos hasta la Cámara desestimaron la denuncia, y la Casación no la analizó porque no había sido impulsada por el fiscal que correspondía.

¿Está cerrada la causa?

En su dictamen, el fiscal De Luca sostuvo que la resolución que desestima una denuncia podría ser considerada como una sentencia definitiva, es decir que no se podía apelar. El fiscal Moldes, sin embargo, sostuvo que “con nuevas pruebas la causa podría reabrirse en el futuro”.

¿En qué situación se encuentra el Memorándum?

Más allá de la causa penal contra los funcionarios, la constitucionalidad del Memorándum mismo con Irán fue cuestionada y transita aún en la Justicia Federal argentina.

En diciembre de 2013, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral rechazó un amparo presentado por las organizaciones AMIA y DAIA que buscaba frenar la aplicación del acuerdo por considerarlo inconstitucional.

Cinco meses más tarde, tras la apelación, la Cámara Federal concedió una medida cautelar y declaró la inconstitucionalidad del Memorándum. Tras la apelación del Estado nacional, la causa llegó a la Cámara de Casación. En noviembre de 2014 el fiscal ante este tribunal Raúl Plée solicitó confirmar lo resuelto por la Cámara Federal y dejar sin efecto el tratado por ser inconstitucional.

Desde ese momento, la causa se encuentra en la Sala II de la Cámara de Casación que, por excusaciones o licencias de sus titulares, está conformada en su totalidad por jueces de otras salas que actúan como subrogantes.

En un primer momento, la Cámara fijó para el 8 de abril de 2015 la fecha de sentencia. Luego alegó razones procesales para postergarla y se eligió el 22 de junio. Esa semana, a partir de la sanción de una nueva ley de subrogancias, la Sala que debía fallar cambió de integrantes: el subrogante Luis María Cabral fue reemplazado por el conjuez Claudio Marcelo Vázquez. La audiencia en la que se iba a dar lectura de la sentencia se suspendió y hasta el momento no se fijó una nueva fecha.