América Latina es la región del mundo más rica en agua potable por habitante. El subcontinente posee más del 30% de este recurso a escala mundial y, sin embargo, la mitad de sus 600 millones de habitantes tiene acceso a un agua de mala calidad o carece de suministro periódico. ¿A qué se debe esta paradoja? Sobre todo a tres factores: la falta de regulación competente, la ineficaz planificación y el caciquismo político. Hay mucho por hacer en América Latina a este respecto y un reciente foro celebrado en la Casa de América de Madrid, un grupo de expertos encabezados por Daniel Rivera, director de Desarrollo Social de la Corporación Andina de Fomento (CAF), debatieron sobre las causas y posibles salidas de esta crisis.
Rivera dio un dato alarmante: la mayoría de las ciudades latinoamericanas de entre 20.000 y 300.000 habitantes sufren graves carencias en el suministro de agua y saneamiento. Para 2025, la población total de esas ciudades —añadida a la de las zonas marginales de las grandes urbes que padece los mismos problemas—; alcanzará los 300 millones de personas, toda una bomba demográfica donde la falta de agua potable amenaza con disparar el malestar social.
“El mercado mundial de servicios urbanos de agua y saneamientos asciende a los 550.000 millones de dólares, del cual América Latina representa tan sólo un 6%, unos 33.500 millones que equivalen al 0,7% del PIB regional. El desafío de la región es mejorar el suministro y la calidad del agua potable y de los sistemas de drenaje, sobre todo para las ciudades de tamaño medio”, explica Rivera. En América Latina hay unos 15.000 municipios (En España hay 8.500 para 50 millones de habitantes) y el 56% de la población vive concentrada en poco más de 800 de ellos. En general, los expertos señalan que en las ciudades que tienen más de medio millón de habitantes (menos de 160), los servicios de agua y saneamiento son adecuados. En el resto de urbes y las zonas rurales, los problemas son serios.
La CAF prevé que la región latinoamericana invierta en agua y alcantarillado unos 18.000 millones de dólares hasta 2020, sobre todo en Brasil, México y Colombia. Rivera, sin embargo, dice convencido que mejorar la situación del acceso al agua no depende tanto del dinero como de la elección y gestión de los proyectos. “El tema del acceso al agua en América Latina carece en general de visión a largo plazo y sobra la injerencia política”, dice Rivera.
Desafortunadamente, la percepción del experto de la CAF coincide con la que hace 10 años sostuvo Andrei Jouravlev en un informe producido para la Comisión Económica para América Latina (Cepal), en el que advertía que la interferencia política en las empresas de agua y saneamientos de la región las hacía ineficientes y costosas. “La mayoría de esas empresas operan bajo marcos regulatorios que nadie cumple, contratan empleados sin capacitación, carecen de recursos y de financiación, y no planifican nada”, concluyó entonces Jouravlev. El 85% del sector de servicios de aguas y saneamientos de la región está en manos de empresas públicas, según Global Water Intelligence.
Los expertos que debatieron el tema del agua en Madrid creen que una mayor participación privada mejoraría el servicio, sobre todo al ritmo que hace falta para satisfacer las necesidades de los 400 millones de latinoamericanos, presentes y futuros, que requiere un mejor acceso al agua. Sin embargo, los analistas coinciden en que ningún modelo funcionará, ni la gestión privada ni la mixta, si los gobiernos no son capaces de hacer una buena planificación y regulación del servicio.
“Los únicos ejemplos exitosos de gestión privada del agua que conozco es el del Grupo Aguas en Chile y el de algunos emprendimientos más pequeños en México. En cambio, las experiencias en Argentina y Bolivia [en la donde hubo participación de las empresas españolas Agbar y Abengoa, respectivamente], fueron un fracaso”, dijo Roque Gistau, que ocupó altos cargos de gestión en empresas del sector en España, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. “La clave del éxito y el fracaso de un modelo es la regulación y el ente regulador del servicio. Si no están claras las normas y se prescinde de un organismo que vigile el cumplimiento contractual y defienda a los consumidores, no hay modelo de gestión que valga”, recalcó. Gistau también señaló que otro factor crucial es el de diseñar una modalidad que la gente pueda pagar.
El agua es un servicio difícil de regular. Los expertos son consientes de que es un derecho humano pero, al mismo tiempo, dicen que es necesario decir claramente que depurar y canalizar el recurso hasta los domicilios tiene un coste que debe asumirse.
No todos los gestores públicos fracasan. En el foro se destacó que tanto el modelo de gestión español, basado en las confederaciones hidrográficas, funciona de forma bastante eficaz, en especial en la gestión del agua en el área metropolitana de Madrid, responsabilidad de la empresa pública Canal de Isabel II. Lo importante, y en esto hizo mucho hincapié Fernando Morcillo, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), es “determinar las verdaderas necesidades del servicio ahora y diseñarlo de tal modo que pueda adaptarse a la demanda futura”.
“Se debe hablar de los costes del agua sin tabúes”, opinó José Luis Díaz-Caneja, director general de Acciona Agua, quien opinó que en el tema de la transferencia de los costes del agua siempre es mejor que los entes estatales creen “fórmulas de solidaridad que se decanten por las subvenciones”. “Comunicar las cosas son claridad y poner el interés de los consumidores por delante de los políticos es fundamental”, dijo Díaz-Caneja, en un sector tan delicado como el suministro de agua para que la participación privada tenga una oportunidad.
Por su parte, Agustín Delgado, director de Innovación y Medio Ambiente de Iberdrola, apunta a que en el sector del agua se han reforzado las medidas para la protección de las fuentes de agua, así como la atención hacia los factores medioambientales y sociales en torno a este recurso. Todo esto cuesta mucho dinero y la única forma de hacer frente esto es con políticas de tarifas transparentes y adecuadas al nivel adquisitivo de los usuarios y de retribución para las empresas públicas, privadas o mixtas.
A pesar de que casi el 90% de la población latinoamericana tiene acceso al agua, tanto la calidad de la misma como la seguridad del suministro están lejos de este porcentaje. Y el efecto de esa precariedad en la salud, la educación y el turismo, según estudios del Banco Mundial, descuentan entre dos y tres puntos del producto interior bruto (PIB).
Noticias relacionadas
