Casi 15.000 armas fueron destruidas hoy en la localidad bonaerense de Campana, en el marco del Programa Nacional de Entrega de Armas de Fuego y la Ley 25.938 de materiales controlados, secuestrados e incautados.
La tarea comenzó a las 10 en una siderurgia de Campana, estuvo a cargo del Registro Nacional de Armas (Renar) y fue supervisada por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Justicia, Julio Alak; el secretario de Justicia, Julián Álvarez; el director del Renar, Matías Molle; el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal; y el diputado Eduardo «Wado» De Pedro, entre otros funcionarios.
En más de una docena de cajones de madera, las 14.420 armas destruídas hoy llegaron a la siderúrgica «Scrap Service» desde distintos depósitos judiciales y custodiadas por los grupos especiales de la Policía Federal, la Prefectura Naval y el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Los funcionarios verificaron el contenido de cada una de las cajas y supervisaron la tarea de los operarios que cargaron las armas en la trituradora que las destruyó.
Luego, los restos metálicos serán fundidos en la misma planta y el dinero obtenido por la venta de todo ese metal reciclado será destinado a distintas instituciones solidarias.
Desde 2007, cuando entró en vigencia el plan de desarme, ya se destruyeron 272.366 armas de fuego, de las cuales 153.846 fueron entregadas voluntariamente y el resto fueron incautadas por las fuerzas de seguridad en distintos operativos.
El director del RENAR, Matías Molle, explicó a Télam que «con cada arma que se destruye se salva al menos una vida o se evita que una familia sufra un accidente trágico e irreparable, y desde 2007 llevamos más de 270.000 armas sacadas de circulación y destruídas».
«En los últimos diez años la destrucción de armas se quintuplicó, y eso tiene que ver con la confianza que ha depositado la sociedad en el programa de desarme», añadió.
«Tenemos que acabar con el mito de la autodefensa, la mayoría de las muertes por armas de fuego de dan en riñas vecinales, familiares o en casos de violencia de género y no en delitos contra la propiedad ajena. Tener un arma es tener un problema», concluyó.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo a Télam que «contruir una sólida paz social es una de las metas trascendentales de este proyecto de país, y por eso este plan de desarme es fundamental».
«La ONU ha reconocido internacionalmente nuestro plan de desarme, y en esto es importante recordar que antes en Argentina no habìa tanta rigurosidad en los controles para acceder a un arma», añadió.
En ese sentido, el funcionario explicó que «cuando se hacen análisis de los datos, queda claro que la mayoría de los homicidios con armas de fuego se cometen con armas que están registradas y en el contexto de algún conflicto intrafamiliar».
El ministro de Justicia, Julio Alak, remarcó que «las armas fueron concebidas para hacer daño y nuestro proyecto polìtico quiere proteger la vida, por eso las armas sólo deben estar en manos de las fuerzas de seguridad».
«Ayer las autoridades de la Iglesia emitieron un comunicado convocando a luchar por la paz, ¿y qué mejor manera de combatir la violencia que erradicando las armas de fuego?», agregó.
«Hay muchos que opinan sobre seguridad, pero a través de ejemplos como este queda claro que los únicos que construímos políticas serias se seguridad somos nosotros», finalizó Alak.
El ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, señaló que «iniciativas como esta son muestras concretas de la lucha frontal contra la violencia que todos los días encara este gobierno».
«Las armas son simpre un peligro, por eso es importante que sigamos trabajando juntos para desarmar no sólo a los delincuentes sino también a la sociedad civil», añadió.
«Los bonaerenses también queremos felicitar la iniciativa del diputado De Pedro para impulsar el proyecto de ley «Armas Cero», porque es fundamental quitar de circulación todas las armas que no sean de las fuerzas de seguridad, y para eso vamos a presentar un proyecto similar enn la provincia», finalizó.
El secretario de Justicia, Julián Álvarez, dijo a Télam que «es necesario seguir impulsando el programa de desarme, porque cada arma que sale de un hogar es un problema menos para esa familia».
«Las armas no dan seguridad, sino que aumentan los riesgos de que un incidente doméstico o un asalto terminen de la peor manera, por eso quienes sostienen el discurso del miedo en realidad lo que quieren es promover la inseguridad», completó.
El programa está en marcha desde el 10 de julio de 2007 y consiste en la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego y municiones a cambio de un incentivo, que varía entre los 500 y 2.000 pesos, según el tipo y calibre del arma entregada.
Las armas corresponden a la recolección en los puestos fijos de delegaciones Renar, puestos móviles ubicados en diferentes ciudades del país y decomisos en las provincias de Buenos Aires y Salta.
Esta política tiene como objetivo la eliminación total del arma de fuego y la imposibilidad de que vuelva al circuito y pueda ser utilizada en situaciones conflictivas y violentas.
El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego recibió el año pasado en Nueva York el premio «Política del Futuro 2013», otorgado por la Oficina de Asuntos de Desarme (Unoda), el Consejo Mundial del Futuro y la Unión Interparlamentaria.
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