Norberto Alayón (*)
Ricardo Zinn (1926-1995), economista, autor del famoso slogan “Achicar el Estado es agrandar la Nación”, expresó que “otro objetivo del gobierno militar fue la disminución de gastos en asistencia social” (La Opinión, mayo 1979).
En esos días de 1979 presentó la versión en inglés de su libro “La segunda fundación de la República” (de agosto de 1976) en el Harvard Club de Nueva York. En la ocasión argumentó que “los objetivos del Gobierno tienen como meta la efectiva apertura de la economía y la reducción drástica del gasto público, al que calificó de grave peligro para la existencia del país como sociedad libre”.
Aseguró que había que corregir “los sesenta años de aventuras populistas y demagógicas que provocaron la decadencia político-económica en la Argentina”, señalando a la vez que “por primera vez en muchas décadas tenemos un sistema político basado en instituciones y no en personas, y en una política económica que asegura la corrección de defectos estructurales causados por muchos años de mala administración”.
Según Zinn, la obra presentada tenía como propósito hacer pública “la situación de un país que sufrió dos monstruosas desgracias: la populista distorsión de la democracia y la agresión marxista interna y exterior”. Enfatizó que “sólo los valores morales resultantes de un esfuerzo racional y ético hacen posible aplicar la democracia occidental”, agregando que “únicamente por la restauración de esos valores puede volver a funcionar la democracia”.
Del 2 de junio al 17 de julio de 1975 había sido vice-ministro de Economía de María Estela Martínez de Perón. Fue reconocido como el autor intelectual del “Rodrigazo”, aquel brutal plan de ajuste lanzado por el ministro Celestino Rodrigo que aumentó entre 50 y 180 por ciento el tipo de cambio, las tarifas de servicios públicos y el transporte, los combustibles y desató una remarcación de precios que arruinó a miles de industriales y redujo a una tercera parte el poder adquisitivo de los salarios (Raúl Dellatorre, Página 12, julio 2006).
Durante el Proceso de Reorganización Nacional de 1976-1983 (la dictadura cívico-militar) Zinn fue asesor de José Alfredo Martínez de Hoz. Luego fue director del Banco de Italia y Río de la Plata (ligado al grupo FIAT) y presidente de SEVEL, en la que aparecían vinculados la automotriz de Turín y el Grupo Macri. Diseñó el Plan de Entidades Financieras que generó facilidades al Grupo Macri, uno de los más beneficiados durante la dictadura.
Fue impulsor del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina (CEMA) y del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE), hoy parte de la Universidad Austral. Después de finalizada la dictadura militar, participó de la Ucedé (Unión de Centro Democrático), tuvo fuertes relaciones con la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), al tiempo que colaboró frecuentemente con el diario “La Nación”.
En los primeros años de la presidencia de Carlos Menem fue asesor de María Julia Alsogaray en las privatizaciones de ENTEL y SOMISA, junto con Mariano Grondona (h).
Este portador de semejantes antecedentes antipopulares y antinacionales desdeñaba de los “gastos” en asistencia social y bregaba por la firme disminución de los mismos. No era (ni es) el único que, impulsando la cruel lógica neoliberal, se resisten a la implementación de políticas sociales y asistenciales como mecanismo, aunque parcial, de disminución de la exclusión y de la pobreza.
Con justeza el economista peruano Javier Iguiñiz afirma que “hay una desvalorización de lo asistencial, porque se está pensando como que corrompe a la gente, que la hace entrenarse en estirar la mano. Yo estoy muy en contra de esta perspectiva. Uno siempre puede sacar casos individuales: el borracho tal o el drogado cual que vive de la limosna estatal y por lo tanto cultiva su propio vicio. Pero ésos no son los casos estadísticamente significativos; se los usa para denigrar el apoyo que mucha gente sana y muy trabajadora merece recibir. Considero que es una forma de expresar la mezquindad de mucha gente y desprestigiar el apoyo que merecen otros”. (Página 12, junio 2012).
El gobierno del PRO de Mauricio Macri recortó 3 millones de pesos del presupuesto destinado al Programa de Intervención Social en Villas de Emergencia y Núcleos Habitacionales Transitorios y los transfirió a la promoción y desarrollo de eventos como “Buenos Aires Ciudad de Moda” y el Festival Internacional de Diseño de Servicios Especializados, Comerciales y Financieros. Previamente ya había suprimido otros 130 millones de pesos de distintos programas de asistencia social (del Programa Ciudadanía Porteña que tiene por objetivo “disminuir los niveles de desigualdad” y del Instituto de Vivienda de la ciudad) para indemnizar a propietarios de comercios, viviendas y automóviles afectados por una inundación que se registró en la Capital Federal.
En 1976 fue designado por la dictadura cívico-militar el aviador Osvaldo Cacciatore como Intendente de la ciudad de Buenos Aires, permaneciendo en el cargo hasta 1982. El mismo impulsó, en su autoritaria gestión, una suerte de “limpieza étnica” en la ciudad, desalojando compulsivamente a miles de personas y expulsando a los habitantes de las villas y barrios pobres. El propio Mauricio Macri, presidente del Partido PRO y Jefe de Gobierno de la hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declaró públicamente su admiración por el funcionario de facto Cacciatore, como “el mejor Intendente que tuvo la ciudad”. Por supuesto, todo el mundo tiene derecho a expresar su adhesión y simpatía para con aquellos actores políticos -a pesar de no ser democráticos- con los cuales uno se siente contenido y representado en su ideología y en sus prácticas. Esta alabanza de Cacciatore da cuenta de las propias concepciones de Macri y de sus proyectos.
El sociólogo brasileño Emir Sader, refiriéndose a los actuales gobiernos posneoliberales de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay, menciona certeramente que los mismos “defienden la centralidad de las políticas sociales -más que justificada en el continente más desigual del mundo- y no de los ajustes fiscales”. Asimismo, “defienden un rol activo en lo económico y social del Estado, en lugar del Estado mínimo y de la centralidad del mercado”. Agregando que “la lucha de resistencia al neoliberalismo y la construcción de alternativas posneoliberales es la más grande tarea contemporánea de la izquierda. Porque el neoliberalismo es el traje que viste el capitalismo en el período histórico actual”. (Página 12, noviembre 2013).
Esteban Bullrich, licenciado en Sistemas y Master en Administración de Empresas por la Escuela Kellogg de USA, es el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires desde diciembre de 2009. Reemplazó en el cargo al pensador de derecha Abel Posse, cuya gestión duró 11 días y quien a su vez había reemplazado a Mariano Narodowski, procesado judicialmente en 2010, conjuntamente con Mauricio Macri, por un famoso caso de espionaje y escuchas telefónicas ilegales.
Bullrich sostuvo que la Asignación Universal por Hijo (AUH) “es una política del fracaso” y que el aumento del beneficio “genera un problema para toda la sociedad”. Agregó que “aumentar la AUH es demostrar por parte del Gobierno que es incapaz de resolver los problemas de pobreza, que la única forma que tiene de resolver los problemas de la gente no es dando trabajo y libertad con el trabajo o mejor educación sino dándole más plata”. Y vaticinó que “en caso de que Macri llegue a la Presidencia en 2015 se trabajaría para transformarlo en un subsidio al trabajo, que genere fuentes de trabajo reales, no ficticias”. (Ámbito, septiembre 2012).
Estas afirmaciones de Bullrich se emparentan con lo que fue la ideología de la dictadura cívico-militar y del neoliberalismo de los 90, cuando se transformó al trabajo (o lo que se suponía como trabajo) en un recurso de la asistencia para quienes no se esperaba que hallaran un empleo en el mercado formal. Eran esos los subsidios a cambio de alguna contraprestación, sin ningún acceso a la seguridad social, asociada al empleo registrado. Contrariamente, sus componentes se restringían y se privatizaban. Así, con la reforma del régimen de asignaciones familiares, sus montos (que se adicionan al salario) se hicieron insignificantes; y con la reforma del régimen jubilatorio, se crearon seguros individuales administrados por las AFJP, nuevos agentes del mercado de capitales.
Contrapuesta a esa política es la AUH , creada como un componente de la seguridad social, extendiendo derechos sociales a población excluida de la misma. Aunque comprende solamente parte de las asignaciones familiares que cobran los asalariados formales y se mantienen diferencias y ciertas disparidades, constituye un dispositivo que amplía esos derechos del trabajo a los hogares de trabajadores del mundo de la informalidad, donde ciertamente se hallan los mayores índices de pobreza. La promesa de Bullrich “de eliminar la AUH y reemplazarla por planes laborales» es claramente, entonces, la promesa de la eliminación de un derecho social y su reemplazo por planes asistencialistas para los que quedan fuera del trabajo, volviendo a excluirlos de la seguridad social. Eso es, en concreto, lo que se desprende de las palabras de Bullrich: volver a los principios del individualismo y a un Estado neoliberal, que es precisamente el proyecto del PRO. Para esos principios y ese Estado, los “derechos” dependen del mercado; es decir, no hay derechos, sino capacidad (o no) de consumo. Los derechos sociales ponen límites (variables) a esa dependencia. Ningún derecho existe si no es instituido estatalmente como derecho. El derecho al trabajo, a condiciones dignas para el mismo y a la seguridad y protecciones ante avatares de la vida, exige la intervención del único órgano con capacidad de imponerlo legítimamente, que es el Estado y por la ley.
Bernardo Kliksberg enfatiza que “ la Asignación Universal por Hijo apoyó en la Argentina , en sus tres años de existencia, a 3,5 millones de niños desfavorecidos. Combinado con un fuerte aumento de la inversión en la creación de escuelas en las áreas pobres, y de la ampliación de los servicios en salud, mejoró sustancialmente las tasas de aprobación escolar y de salud”. Agregando que “la realidad muestra que es imprescindible un Estado que regule activamente, en protección del interés colectivo”. Y pregunta: “¿A quién le conviene que el Estado sea débil y no regule (como quería Zinn ya en los 70; y como quiere el PRO ahora); a quién le conviene que se sigan aplicando las políticas de austeridad, a pesar de sus impactos regresivos, y desacreditar sistemáticamente políticas públicas sociales, aunque den claros resultados?” (Página 12, noviembre 2013).
La concepción ideológica y las acciones concretas de aquel economista y político Ricardo Zinn y del actual empresario y político Mauricio Macri (líder del PRO) guardan una significativa coincidencia, en sentido opuesto a la imprescindible construcción de una sociedad más igualitaria y justa.
(*) Profesor Titular Regular Facultad de Ciencias Sociales-UBA
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