La resolución fue adoptada por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Objeciones a medidas de prueba y las dudas por un supuesto plan de investigación dirigida.
El fiscal José María Campagnoli fue apartado de la subrogancia que tenía a su cargo en la Fiscalía de Instrucción Nº 10 desde donde investigó, en paralelo al fuero federal, al empresario Lázaro Báez por supuesta extorsión.
La decisión fue adoptada por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, luego de sumar sospechas de que, tras haber sido declarado incompetente por la Cámara del Crimen en una causa por extorsión, el fiscal insistiera en solicitar medidas de prueba.
Ese trámite fue objetado por las defensas de los imputados como un supuesto plan para volver a construir una investigación dirigida contra Báez y su entorno, a partir de un expediente por posible administración infiel de la financiera SGI, presunto vértice de la maniobra que investiga el juez federal Sebastián Casanello.
En paralelo, como anticipó Tiempo Argentino, la causa que tramitaba el fiscal federal Jorge Di Lello por la supuesta manipulación de uno de sus dictámenes en esa causa por parte de abogados del Grupo Clarín será girada al fuero ordinario, luego de un conflicto de competencia resuelto por la Sala II de la Cámara Federal.
Los fundamentos de los camaristas para considerar el cambio de jurisdicción fue que el tipo de delito imputado a Campagnoli y su rol como fiscal ordinario no correspondía a la competencia correccional federal. Di Lello solicitó al juez Rodolfo Canicoba Corral que remita el expediente para su unificación con el más antiguo.
Es probable que todos los expedientes en su contra que han sido diseminados en la justicia, incluyendo uno por violación de secreto pasen a engrosar una misma causa.
A la vez, el fiscal enfrenta un proceso disciplinario en la Procuración que está en instancia de resolución por parte del Consejo Evaluador, compuesto por sus propios pares.
Campagnoli es el más poderoso de los fiscales del fuero ordinario. Bajo su órbita está la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE), la fiscalía descentralizada de Saavedra y la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos con Autor Desconocido (UFIDAD). Decidido a conservar la subrogancia que desempeñaba desde 2011 en la Fiscalía Nº 10, Campagnoli presentó un duro escrito a Gils Carbó en el que pidió que reconsidere la decisión, pero a la vez la acusó de haberla tomado motivada por los alcances de su investigación contra Báez en la que dijo haber hallado el circuito de empresas realizado para el supuesto lavado que ingresó al país a través de bonos.
Campagnoli consideró «arbitraria» la decisión y recordó todos los planteos interpuestos por los defensores de los imputados hasta la decisión final de la Cámara del Crimen, los cuales, a su entender, fueron publicitados «a través de una explosiva cadena de noticias siempre iniciada por el diario Tiempo Argentino».
Gils Carbó objetó que Campagnoli concentrara bajo su mando una «multiplicidad de tareas» sin antecedentes, lo que «conspira» contra la prestación de un buen servicio de justicia. «No se dispuso el cese de mi subrogancia en orden al mejor desempeño del Ministerio Público, sino en razón de mi desempeño en la causa en la que resultó acusado Báez», fustigó el fiscal, que consideró que por «demasiado eficiente» su labor quedó en medio de una «persecución administrativa».
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