El sector público ha experimentado un inédito crecimiento de tamaño, sostenido gracias a que los argentinos nunca pagaron tantos impuestos como en la actualidad. Sin embargo, datos recientemente publicados por el INDEC señalan que no se han producido progresos importantes en materia de distribución del ingreso. Esta paradoja se explica porque el aumento en la presión tributaria se basa en impuestos que desalientan la inversión y el empleo “en blanco”, y porque gran parte de las asignaciones de recursos públicos son destinadas a favorecer a minorías enquistadas en los círculos de poder.
El INDEC ha vuelto a publicar información sobre la distribución personal del ingreso. Se trata de un primer paso tendiente a recomponer el profundo deterioro producido sobre el sistema estadístico oficial. Los datos señalan que la distribución del ingreso mejoró desde el 2004 hasta el 2008, pero en el 2009 se detiene la tendencia a la mejora. El Coeficiente de Gini, uno de los indicadores más utilizados para medir la desigualdad de ingresos, disminuyó desde 0,513 en el 2º trimestre del 2004 a 0,450 en el mismo periodo del 2008, y muestra un pequeño aumento en el 2º trimestre del 2009 a 0,460.
La mejora se explica en parte por un proceso natural de recomposición luego de la profunda crisis del 2002. En cambio, la reversión del 2009 resulta contradictoria con el hecho de que el sector público argentino experimentó, durante la presente década, un importante crecimiento en su tamaño.
Comparando las brechas de ingresos de las familias de más bajos ingresos con los principales componentes de expansión del gasto público se puede comenzar a explicar esta aparente paradoja. Por ejemplo, con los datos oficiales se puede estimar que:
- Para elevar los ingresos de los 3 primeros deciles en la distribución del ingreso en los grandes aglomerados urbanos (el segmento de la población más pobre) al nivel de ingresos del decil 4º se necesitarían aproximadamente $21.000 millones por año.
- Proyectando este monto para el total de la población urbana del país se llegaría a una necesidad financiera del orden de los $32.000 millones por año.
- Este monto es similar a los más de $35.000 millones que el Estado nacional proyecta destinar a subsidios a empresas públicas y privadas en el año 2009.
Este simple ejercicio comparativo permite delinear algunos de los factores que explican la persistencia de la desigualdad. La mayor parte de los subsidios a empresas públicas y privadas son apropiados por familias de ingresos medios y altos, y en muchas ocasiones su gestión demanda de la intervención de intermediarios que introducen fines espurios y justificadas sospechas de corrupción. La información oficial señala que el fuerte crecimiento en los recursos públicos asignados a esta finalidad, los han convertido en una importante fracción del gasto público total, al punto tal que en términos de magnitud podrían ser suficientes como para cerrar las facetas más agudas de desigualdad social.
La persistencia de la pobreza y la desigualdad, que recién ahora comienzan a documentar los datos oficiales, responde fundamentalmente a factores estructurales. En términos simples, el problema central es que gran parte del sistema político argentino confunde más Estado con mejor Estado.
Sin dudas, la Argentina tiene más Estado que en el pasado. La presión impositiva ha crecido en 10 puntos del PBI, desde el 21% del PBI a comienzos de la década hasta el inédito 31% en el 2008. Una primera connotación negativa desde el punto de vista de generar un proceso sostenido de progreso social es que esta apropiación de recursos se instrumenta mayoritariamente a través de impuestos que desalientan la inversión y la generación de empleos “en blanco”. Pero más importante aun es que la Argentina tiene, al menos desde la perspectiva de promover la equidad, un peor Estado. Por ejemplo, subsidiar una empresa aérea es aplicar recursos fiscales en beneficio de segmentos medios y altos que usan este tipo de servicios, y de aliados políticos y amigos.
El fracaso distributivo que documentan los datos del INDEC es consecuencia de haber adoptado el camino simple y rudimentario de generar más Estado sin atender a la necesidad de construir un mejor Estado. Esto lleva a enfatizar que para avanzar hacia un sector público comprometido con el progreso social y la equidad se requiere idoneidad y creatividad, además de capacidad política para avanzar en consensos respetando la institucionalidad. Esta es la forma de promover la inversión, el empleo y el progreso social.
