Sharing is caring!

eduerdo-buzzi.jpg

La entidad agropecuaria que conduce Eduardo Buzzi presentará una demanda por daños y perjuicios. En enero, durante una intensa sequía, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la gratuidad de las cartas. Por esa medida, la FA dejó de percibir unos dos millones de pesos anuales.

La Federación Agraria (FA) anunció este lunes, tras una reunión en Rosario, que demandará al Estado por los daños y perjuicios ocasionados por la quita de la autorización para la emisión y venta de las cartas de porte. En enero pasado, durante una intensa sequía, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, anunció la gratuidad de las cartas de porte.

La decisión de iniciar un juicio contra el Estado fue tomada por la conducción de la entidad agropecuaria tras analizar el fallo del juez Daniel Rafecas, que desestimó las acusaciones contra la FA y la Federación de Acopiadores, ante una denuncia realizada en su momento por Ricardo Echegaray, ex titular de la ONCAA.

En declaraciones periodísticas, el titular de la entidad, Eduardo Buzzi, señaló: “La Justicia finalmente nos da la razón, cuando decíamos que había una intención del gobierno (de) perseguirnos sin respetar ningún límite ético… ahora los que pretendieron ensuciarnos deberán dar explicaciones. Vamos a reclamar al Estado contra una medida caprichosa, y de consecuencias desastrosas”.

Buzzi agregó que la FA analiza la presentación de una denuncia penal contra el actual titular de la AFIP. “En pleno conflicto de 2008, cuando estaba al frente de la ONCAA (Echegaray) decidió castigar a nuestra entidad por el protagonismo que tuvimos en el conflicto agropecuario, inventando una denuncia por presuntas irregularidades en la venta de cartas de porte”.

Buzzi calificó de “insólita” la decisión del gobierno que además fue de “imposible aplicación para el chacarero”. En su momento se estimó que la quita del manejo de las cartas de porte (el costo que pagaban los productores por el traslado de ganados y cereales) implicó para la entidad el dejar de percibir dos millones de pesos por año.

Por su parte, el abogado Ricardo Dagotto, síndico de la FA, sostuvo que la decisión del Estado de imponer la gratuidad de las cartas de porte implicó una “persecución” a la entidad y agregó que resultaron perjudicados unos 20 empleados. (Dju)