En diciembre del año pasado una decena de alumnos de la UBA fueron sobreseídos en la causa por la toma de la sede Merlo del CBC. No obstante por estos días se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para solicitar el pedido de informes al Ejecutivo Nacional ya que siguen existiendo sumarios administrativos en contra de estudiantes. En la Facultad de Veterinaria hay una alumna que está suspendida desde hace siete meses.
Tras ser sobreseídos por la Justicia, los alumnos de la Universidad de Buenos Aires que habían participado de la toma de la sede del CBC de Merlo en mayo del 2008. Pareciera que la persecución continúa ya que Desde el Congreso Nacional se impulsó un pedido de informes con el objetivo de saber si existen sumarios contra alumnos que poseen participación política.
Con motivo de la toma de la sede Merlo del CBC en mayo de 2008, la Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, al sobreseer a los alumnos había argumentado que «la criminalización actual de esas conductas, no encuentra justificativo, pues el ejercicio del poder punitivo del Estado está limitado a la solución de un conflicto que en este caso se muestra inexistente».
Para los jueces, el conflicto suscitado «no es uno que le interese al derecho penal… sino un conflicto universitario, entre autoridades y estudiantes y a partir de un asunto claramente de la incumbencia de la universidad, y que se solucionó entre esos mismo actores sin necesidad de recurrir al aparto punitivo del Estado».
El proyecto presentado por el diputado Horacio Alcuaz consigna que «actualmente, algunos de esos alumnos sobreseídos por la justicia -y otros compañeros delegados- expresan preocupación y angustia por considerarse perseguidos por las autoridades de la UBA, ya que han sido sometidos a respectivos sumarios administrativos por causas diversas y aparentemente difíciles de comprobar».
Se da como ejemplo el caso de María Laura Casal, alumna de la Facultad de Ciencias Veterinarias y consejera estudiantil «quien ha sido sumariada y suspendida por siete meses, se le impide el ingreso a la facultad y a todas las dependencias de la UBA, sin poder continuar con sus estudios y ejercer la representación que sus pares le otorgaran democráticamente» (expte. 1.168.415).
La sanción fue implementada a pesar de que en diciembre de 2008 el Fiscal General de Investigaciones Administrativas, Guillermo Noailles, había ordenado el archivo de las actuaciones.
En el proyecto Alcuaz, solicita el pedido de informes acerca de la existencia o no de «un registro, reporte o fuente de información acerca de la apertura de sumarios administrativos contra estudiantes por parte de las autoridades de las distintas facultades que integran la Universidad de Buenos Aires, a partir de marzo de 2008.»
«Apelamos al sentido común de las autoridades de la universidad para que desistan de estos procedimientos y restablezcan los canales de diálogo que permitan debatir democráticamente las diferencias, en el marco de una convivencia armoniosa y de respeto que debería reinar en la comunidad universitaria», explica el autor. El proyecto fue girado a la comisión de Educación de la Cámara de Diputados y se encuentra a las espera de tratamiento. (Dju)
