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Material enviado por el Lic. Jorge Mancuso

* El gobierno federal ha propuesto coparticipar una porción de los recursos que obtiene a partir del impuesto que grava la exportación de soja y la de sus derivados.

* Por el hecho que implica ratificar el impuesto con sus alícuotas actuales, se considera que esta medida no contribuye a solucionar el principal problema que origina y mantiene el conflicto vigente: la excesiva carga fiscal que pesa sobre el sector agrícola en el actual y más adverso contexto económico por el que atraviesa el mismo.

* De acuerdo a estimaciones del IERAL, la distribución del excedente de explotación (ingresos netos después del pago de todos los gastos) de un establecimiento agrícola que este año logra esquivar la sequía y alcanzar rendimientos aceptables (promedios históricos), se encuentra fuertemente sesgada hacia el Estado nacional, en una relación casi de 9 a 1 comparando lo que recibe el fisco en concepto de Derechos de Exportación (y también de Impuesto a las Ganancias) y lo que quedará en manos del productor.

* Además de los tres factores aludidos más arriba, se corre el riesgo de que la medida agrave el conflicto. En efecto, esto podría suceder si la percepción de la gente de campo es que el nuevo estatus de impuesto coparticipable hará más difícil a futuro su modificación y/o eliminación. De un impuesto coparticipable dependen no sólo el gobierno nacional sino también los gobiernos provinciales y locales y por ende se dificulta formar mayorías parlamentarias suficientes para la disminución de alícuotas o la directa eliminación.

Incremento de Recursos Transferidos y Tributarios Totales en Provincias                   (FFS = $6.520millones)

* En el plano fiscal, la medida puede aliviar al menos en parte la situación económica y financiera complicada que se vislumbra para las provincias en este año. Se trata de una transferencia adicional y automática estimada en $6.520 millones de acuerdo al gobierno. El IERAL tiene una estimación propia menos optimista, que asciende a $5.256 millones.

* Si se ponen en perspectiva las transferencias adicionales que estima el gobierno, los ingresos totales de cada provincia podrían aumentar entre un 4,4% y 9,7% según los casos, beneficiándose más las provincias, como podría deducirse, que más dependen de las transferencias nacionales. Nótese que en los casos de mayor impacto (Formosa, La Rioja y Catamarca), se trataría de poco más de un mes adicional de ingresos el que está ofreciendo la Nación. Algo inusual de la propuesta del gobierno es que se haya escogido sólo una porción del producido de un tributo para con él realizar transferencias a provincias y municipios, y que además no se haya decidido repartir los recursos en función de los aportes de cada provincia a la producción de dicho complejo, o definido que las obras a financiar beneficien directamente al sector agropecuario en este caso.

* El esquema propuesto genera ex ante provincias aportantes netas y provincias beneficiarias netas en función de que los coeficientes para devolver el 30% ofrecido no contemplan el aporte de cada provincia, sino que responden a los criterios vigentes cuando se definió el régimen general de distribución secundaria (y a que es muy poco probable que el 70% de los recursos restantes sigan una asignación territorial tal que compensen las diferencias entre provincias que genera la distribución bajo criterio general).

Saldo entre el aporte en concepto de derechos de exportación a la soja y la transferencia automática propuesta bajo el régimen general de coparticipación. En $ por habitante, estimación para la campaña 2008/2009

Nota: Supone que el 30% de la recaudación esperada por IERAL en concepto de DE de soja y de sus derivados para la campaña 2008/2009 ($ 5.256 millones) se distribuye entre las provincias (sin incluir CABA) de acuerdo a los coeficientes del régimen general de coparticipación.

Fuente: Elaboración propia en base a fuentes varias.

* De acuerdo a las estimaciones del IERAL, las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos serán las tres grandes aportantes netas en términos por habitante bajo este esquema (cada uno de sus habitantes deberá aportar $1260, $1144 y $890, respectivamente), mientras que las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Formosa serán las principales beneficiarias netas (cada uno de sus habitantes recibirá $508, $364 y $329, respectivamente).

* En el nuevo esquema se establece de que un 30% como mínimo de los recursos que se transferirán a las provincias, estás los giren a sus respectivos municipios. Ahora bien, esta condición puede ayudar a producir otro tipo de redistribución regional, en este caso entre las zonas rurales y las urbanas, al estilo de lo que sucede con las provincias productoras y no productoras. De hecho, los municipios del Gran Buenos Aires donde no se produce soja (Partidos del Gran Buenos Aires) pueden llegar a recibir en forma directa hasta $215 millones en el 2009, equivalente a dos tercios de lo que recibirían provincias como Córdoba o Santa Fe (neto de lo que envíen a sus municipios).

* Si se tiene en cuenta la estacionalidad histórica de la recaudación de derechos de exportación, que en los cuatro primeros meses de una campaña de soja (marzo – junio) se recauda casi el 40% de la recaudación anual, la implementación del nuevo esquema (con fecha de inicio en marzo) concentraría gran parte de los recursos en meses previos a las elecciones. El problema es que si estos recursos tienen asignación específica hacia obras de infraestructura, es poco probable que estén listos y mucho menos licitados los proyectos de inversión que pueden ser financiados con estos fondos. El riesgo es que se terminen usando los fondos hacia otros destinos de los previamente determinados. Todo lo anterior estará supeditado a la reacción de los productores respecto de la medida y a su decisión con respecto al momento de comercializar la nueva campaña.

* Si la intención era direccionar ingresos hacia las provincias a los efectos de morigerar sus urgencias fiscales, esto se podría haber logrado modificando o restituyendo según los casos la participación de estas últimas en los impuestos constitucionalmente coparticipables. Por ejemplo, si el 20% del Impuesto a las Ganancias que se destina a la ANSES se hubiese devuelto al régimen de coparticipación federal de impuestos, el conjunto de provincias hubiese recibido $5.832 millones, una cifra muy similar a la que el gobierno ofrece con la coparticipación de los derechos sobre la soja.

* Finalmente, respecto a si las medidas adoptadas van a mejorar la situación fiscal en provincias y municipios pero a deteriorar el resultado fiscal a nivel del gobierno nacional, se debe advertir que ello sólo ocurrirá si los nuevos fondos implican transferencias a provincias adicionales a las previstas en el Presupuesto Nacional 2009 como Transferencias de Capital a Provincias, y que iban a ser destinadas a financiar obras en provincias y municipios (aquellas decididas en forma discrecional por el poder central). Vale recordar que se presupuestaron con ese fin $15.633 millones para 2009.

* Si lo que ahora se reparte en forma automática es lo que antes la Nación iba a distribuir discrecionalmente entre provincias entonces no cambiaría nada a nivel de resultado fiscal del consolidado de provincias.

En definitiva, queda el conflicto con el campo sin resolver y además con riesgo de que éste se profundice a consecuencia de la medida. (IERAL – FUNDACIÓN MEDITERRANEA)