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Mediante un proyecto de ley, el presidente del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica, Jaime Linares, procura declarar de «interés prioritario» la recuperación de la jurisdicción provincial del «Sistema de Transporte de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires», el que por Ley 11.969 quedara transitoriamente sujeto a jurisdicción Nacional.

En el artículo 3ro. de la parte normativa del proyecto, se establece que el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) procederá, en un plazo no mayor a los noventa (90) días a partir de la sanción de la presente Ley, a la formación de un equipo técnico-profesional que tendrá a su cargo el desarrollo de las acciones de control y fiscalización del transporte de energía eléctrica en el ámbito provincial.

En los fundamentos de su iniciativa parlamentaria, Linares advirtió que «transcurridos más de diez años de la privatización del servicio público de electricidad en la Provincia de Buenos Aires, el sistema fragmentado implantado en las actividades de generación, transporte y distribución de energía eléctrica ha significado en la práctica un incremento en los costos para los sectores productivos y de la sociedad en general».

«Existen hoy en nuestra Provincia -coligó el legislador de la Coalición-, restricciones de consumo en el horario pico (véase, a modo de ejemplo, el caso de las industrias instaladas en la localidad de Bragado), además de las desmesuradas exigencias a las que son sometidas las líneas de Alta Tensión, transformadores y centrales eléctricas, las cuales han visto ampliamente superadas sus capacidades de transporte, transformación y generación».

«Esta compleja realidad debe soportar la Provincia -agregó-, sin posibilidad de intervención por parte de sus autoridades de regulación y contralor, y sin la información del seguimiento y análisis que debería realizar el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)».

«Dicho organismo nacional – afirmó Linares -, responsable del control de la transmisión o transporte en alta tensión, ha desarrollado su tarea de manera meramente burocrática, limitándose a coordinar reuniones entre las Distribuidoras Provinciales, la concesionaria del transporte troncal (TRANSBA S.A.), la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) y los Organismos provinciales -Dirección Provincial de Energía y Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA)-, y a tratar situaciones críticas puntuales, tal como ha ocurrido en el último año en el caso del suministro al Área Atlántica de la Provincia de Buenos Aires».

«Es por ello que – sentenció -, resulta prioritario que nuestra Provincia asuma el control del transporte de energía eléctrica por distribución troncal. En tal sentido, señalamos los motivos que fundamentan dicho traspaso, a saber:

1. La transmisión en alta tensión es la más estratégica de las distintas etapas de este servicio y su privatización no ha sido una decisión acertada.

2. El actual control por parte del ENRE no garantiza información, ni facilita un seguimiento estricto de las zonas conflictivas debido a la diversidad de sus funciones y de la extensión de las áreas en las que debe cumplir su función.

3. Nuestra Provincia se encuentra en condiciones técnicas y económicas de realizar dicho control a través del Organismo de Control de Energía Eléctrica –OCEBA-, entidad que está aplicando en la actualidad sistemas de Control de la Calidad en el Área de Distribución de Energía Eléctrica.

4. Diversas provincias argentinas operan y controlan su sistema de transmisión y esto es un claro indicador de que valoran el federalismo de manera intensa y reconocen la importancia estratégica del sistema de transmisión de Alta Tensión.

5. Integrar el control del Transporte y la Distribución Eléctrica, clarifica y facilita la gestión de control y el seguimiento de los problemas, permitiendo consolidar una mejor calidad de servicio a los usuarios de energía eléctrica.

«Por las razones enumeradas – finalizó Linares -, resulta legítimo que la Provincia, a través de sus organismos competentes, asuma la función de contralor, auditoría y monitoreo del sistema de transporte que naturalmente le corresponden. El ejercicio de tales funciones permitirá garantizar una mejor resolución de los conflictos que pudieran plantearse en el sector, no sólo por el conocimiento y experiencia reunida a través del desenvolvimiento del servicio sino, fundamentalmente, por el compromiso que significa para la Provincia reunir bajo su contralor dos sectores clave para el desarrollo y mejora de la calidad de vida de sus habitantes». (PARLAMENTARIO)