Miguel Angel Gargaglione
Tras la denuncia que realizó el intendente municipal Miguel Ángel Gargaglione sobre el un material comprado por la gestión anterior la fiscal que entiende en la causa Silvia Gabriele dijo estar «totalmente convencida» de que se trata de un delito patrimonial.
El intendente comunal de San Cayetano denunció el faltante de tubos de hormigón, compra que hizo la gestión anterior, lo que dio apertura a una investigación. En este marco, La agente fiscal a cargo de la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Necochea, Silvia Gabriele, habló de “delito patrimonial”.
La causa investiga el faltante de 180 tubos de hormigón en la municipalidad de San Cayetano. El punto más controvertido de la investigación está en una presunción de la fiscal Gabriele, quien no descartó que pueda estar vinculada con el robo una asociación ilícita entre funcionarios y ex funcionarios.
Con respecto a la investigación, según Gabriele, se encuentra avanzada, ya que se realizó un allanamiento con resultados esclarecedores. En ese procedimiento se encontró documentación orientada a probar los hechos que el intendente Gargaglione había denunciado. Se tomaron declaraciones testimoniales, que aportaron a la causa, y también se está en posesión de videos de reuniones que el Intendente mantuvo con personas involucradas en la causa.
Al mismo tiempo, Gabriele señaló: «Está totalmente probado que los tubos no están en la municipalidad, y no se ha podido determinar que se hayan usado en una u otra obra. Los caños fueron comprados por la municipalidad; aparece como que han sido entregados, pero la realidad es que faltan. A raíz de la investigación puede surgir que esto era una modalidad; no sé qué vamos a probar, pero por ahora tenemos acreditado que estos materiales no aparecen, y que indudablemente hubo una maniobra, en la que están involucradas personas a las que después se le determinará la responsabilidad de cada una».
Según dijo, el allanamiento se realizó en el comercio de la persona que proveía de materiales de construcción al anterior gobierno municipal, y se encontró documentación relacionada con la entrega y la compra de esos materiales.
Por último, la fiscal aseguró que con los elementos de prueba que vamos recogiendo, están en condiciones de determinar qué tipo de delito se investiga. “Indudablemente que es un delito de índole patrimonial, pero tenemos que determinar y tipificar la conducta de cada una de las personas, y qué delito se le puede atribuir e imputar a cada uno”, sostuvo.
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