domingo, noviembre 27, 2022

Locales

NECOCHEA: Descentralizan la Casación y crean otras cinco salas. Estarán en el Conurbano y el Interior. Es para agilizar las causas que llegan al tribunal. Una de las salas estaría en Necochea.

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El gobierno bonaerense creará cinco nuevas salas en el Tribunal de Casación Penal, que se sumarán a las cuatro ya existentes que funcionan en La Plata. Con esta decisión, la Provincia apunta a evitar que se genere un nuevo cuello de botella en el máximo tribunal penal bonaerense una vez que se ponga en marcha la reforma judicial.


El proyecto de ley reforma la competencia del Tribunal, reduciendo funciones del organismo sin alterar la doble vía recursiva que sostienen los tratados internacionales y la defensa en juicio contemplada en la Constitución.

De esta manera, la competencia correccional, eximiciones de prisión, hábeas corpus y toda incidencia de juicio irían a la Cámara de Apelaciones, mientras que Casación sólo atenderá la revisión de sentencias de juicios orales criminales.

La reforma impulsada por el gobierno provincial para el Tribunal de Casación apunta a reducir el atraso que se registra en ese ámbito en la resolución de 7 mil causas que deben ser revisadas.

Pero en la Provincia temen que se no se termine de desobstruir el embudo en Casación, de ahí que se busque la creación de más salas para descongestionar el trabajo, según adelantó el ministro de Justicia, Ricardo Casal.

Otro dato saliente del proyecto es que estas nuevas salas no funcionarán en La Plata, sino que estarán emplazadas en distintas zonas «conflictivas» de la Provincia del Conurbano y el Interior. «Van a estar ubicadas por regiones para que no todos los recursos tengan que venir a las salas de La Plata y se genere un cuello de botella», dijo el ministro.

De esta manera, se concretaría una «regionalización» de la Casación y se evalúa, por ejemplo, crear una sala que abarque distritos como Mar del Plata, Dolores, Azul y Necochea. Otra de las salas funcionaría en el Conurbano norte y otra en la zona sur del Gran Buenos Aires.

Además, cada sala contará con dos jueces «y unos pocos empleados, de modo que no habría una gran erogación presupuestaria», dijo Casal.

Avances

En tanto, el gobernador Daniel Scioli y legisladores bonaerenses del oficialismo acordaron ayer avanzar rápidamente con la aprobación de dos proyectos para reformar la justicia penal en la Provincia y acelerar el tratamiento de las causas.

Durante el encuentro que se desarrolló en la Gobernación, se definió que los dos proyectos -la generalización del sistema de flagrancia y la reducción de facultades del Tribunal de Casación- ingresen hoy mismo a la Legislatura.

La idea oficial es que estas iniciativas queden aprobadas antes de fin de mes durante las sesiones extraordinarias de ambas cámaras. Las modificaciones reducen las competencias del Tribunal de Casación, por un lado, y extiende a todos los departamentos judiciales el sistema de condena para los delitos de flagrancia cuya pena máxima no supere los 15 años de prisión.

Del encuentro participaron Scioli, los presidentes del Senado y Diputados, Alberto Balestrini y Horacio González, respectivamente, el ministro de Justicia, Ricardo Casal, el subsecretario Legal, Técnico y de Asuntos Legislativos de la Gobernación, Mariano Cervellini, y los presidentes de los bloques de ambas cámaras, Raúl Pérez y Federico Scarabino.

Casal calificó a la reunión como «muy satisfactoria» y explicó que se concretó una agenda con un organigrama de trabajo en común. El ministro dijo que la reforma que impulsa el gobierno provincial «es muy simple y no requiere demasiada discusión jurídica» y consideró que «si hay alguna observación, la vamos a conversar».

La ley de flagrancia, que está vigente en sólo 11 departamentos judiciales, permite juzgar en menos de 60 días a quienes son detenidos cometiendo un delito «in fraganti» y permite que en dos audiencias se dicte sentencia.

«La pretensión que tenemos -dijo el ministro- es bastante modesta pero efectiva. Pretendemos redistribuir el trabajo más equitativamente entre las Cámaras de Garantías y la Casación y, por otro lado, resolver definitivamente la mora de la Casación antes de un año».

En tanto, el proyecto de ley para los delitos flagrantes apunta a extender a toda la Provincia el sistema que ya funciona en 11 departamentos judiciales.

La reforma impulsada por el gobierno provincial para el Tribunal de Casación apunta a reducir el atraso que se registra en ese ámbito en la resolución de 7 mil causas que deben ser revisadas.

El proyecto de ley reforma la competencia del Tribunal, reduciendo funciones del organismo sin alterar la doble vía recursiva que sostienen los tratados internacionales y la defensa en juicio contemplada en la Constitución.

De esta manera, la competencia correccional, eximiciones de prisión, hábeas corpus y toda incidencia de juicio irían a la Cámara de Apelaciones, mientras que Casación sólo atendería la revisión de sentencias de juicios orales criminales.

En tanto, el proyecto de ley para los delitos flagrantes apunta a extender a toda la Provincia el sistema que ya funciona en 11 departamentos judiciales.

El mecanismo propuesto consiste en un proceso muy breve de acusación y sentencia que prevé un plazo máximo de 60 días para delitos cuya pena máxima prevista no supere los 15 años de prisión. El proyecto establece que al detenido en flagrancia, en el momento de la persecución y captura, se lo lleva ante el fiscal, quien le hace conocer la acusación.

En un plazo máximo de cinco días de la detención de la persona se realizará la primera audiencia en la que el juez puede resolver la excarcelación, sobreseimiento, decidir la prisión preventiva, o las partes acordar suspensión del juicio a prueba y juicio abreviado. De no haber acuerdo entre las partes, o de no haber dictado sobreseimiento, el juez resuelve si mantiene detenida a la persona y convoca a una segunda audiencia de finalización del proceso en flagrancia dentro de los 20 días siguientes.

En esta segunda audiencia las partes tienen nuevamente la posibilidad de llegar a un acuerdo. De no ocurrir esto la causa se eleva a juicio, que deberá realizarse dentro de los 60 días.

Cabe acotar además que también se acordó en la reunión entre Scioli y los legisladores volver a licitar la concesión del Hotel Provincial de Mar del Plata e impulsar la ley de Iniciativa Privada. (DIARIO EL DÍA)