El gobernador bonaerense electo, Daniel Scioli, afirmó que buscará trasladar a los presos que están alojados en las comisarías de la Provincia «para que miles de policías vuelvan a las calles» y reforzar así los controles contra la inseguridad.
El mandatario electo indicó también que buscará «atacar la inseguridad de raíz», para lo que buscará «coordinar todos los sectores, haciendo que toda la gente participe», según adelantó tras mantener un encuentro con intendentes bonaerenses en la sede de la Federación Argentina de Municipios.
En ese marco, Scioli subrayó que «no es necesario solamente más Policía en la calle, sino también que el vecino se atreva a denunciar» y advirtió que la figura del jefe de Policía «no es una solución mágica para la seguridad». Y si bien concedió que «es un tema importante», dijo que «la inseguridad se acaba con el acompañamiento de la buena Policía».
Por su parte, su futuro ministro de Gobierno, Alberto Pérez, explicó que la futura gestión está evaluando «varias medidas», entre las que destacó «sacar a los presos que están en comisarías y que retienen a casi 3.500 a 4.000 policías que tendrían que estar en la vía pública».
Esta medida apunta a profundizar una decisión adoptada hace tiempo por Arslanian, que prohibió en las comisarías una serie de trámites administrativos como denuncias por extravío de documentos, entre otras, para que los agentes que atendían esas tareas fueran a realizar acciones de prevención del delito.
Incluso el propio Arslanian dispuso hace casi dos años prohibir el alojamiento de detenidos en comisarías, pero la resolución no pudo cumplirse completamente. Aproximadamente habría aún unos 2.500 presos alojados en dependencias policiales, aunque hace unos años el número ascendía a casi 6.000.
La decisión de trasladar los presos de las comisarías es, por un lado, una imposición judicial que obliga a la provincia de Buenos Aires a evitar el hacinamiento de detenidos en seccionales policiales. Pero el traslado de los detenidos se vuelve dificultoso por la falta de plazas en las cárceles y ante la carencia de un número suficiente de alcaidías donde alojar aprehendidos mientras los jueces disponen su destino.
Así, la situación se vuelve un círculo vicioso porque pese a la decisión de no trasladar más detenidos en comisarías, esta metodología se sigue utilizando ante la falta de lugares donde alojarlos.
La idea del equipo de Scioli retoma otra cuestión central que es, según se admite oficialmente, que la Policía Bonaerense, una fuerza de 45.000 integrantes, tiene un déficit de personal estimado en casi 15.000 efectivos. La gestión de Solá ha ido incorporando personal a partir de nuevos programas de formación, pero al mismo tiempo la fuerza sigue siendo depurada con la vigencia de la disponibilidad del personal que permite a Arslanian producir cesantías.
Jefe policial, sin definir
Por otra parte, el futuro jefe de Gabinete provincial dijo que la designación de un jefe de Policía «aún no está definida», y, como Scioli, destacó que «se trata de una medida instrumental que no es la solución» al problema.
«Aquí va a haber un jefe de Seguridad en la Provincia, que será el propio gobernador, y un ministro de Seguridad (Carlos Stornelli), que van a estar abocados al tema, trabajando con la Justicia, trabajando con la Policía, con toda la sociedad», indicó Pérez.
Admitió que, «indudablemente el tema de la inseguridad en la Provincia es uno de los primeros lugares, sino el primero, en la ciudadanía y en el nuestro también».
«Lo inmediato que tenemos que hacer es trabajar en la prevención, creemos que cuando se llega después de un hecho delictivo, ya es tarde, tenemos que tener más policías en la calle», concluyó. (EL DÍA)
