Luego que el Senado postergara el debate de la norma que frena el desmonte y la tala indiscriminada de árboles, Greenpeace apunta contra los intereses del sector de la soja.
Greenpeace denunció que los fuertes intereses vinculados al sector sojero y «a su voracidad por seguir expandiendo la frontera agropecuaria lograron frenar la sanción de la ley de Bosques, que iba a ser tratada por el Senado de la Nación».
Según la ONG, la presión encabezada por senadores del norte buscó «lavar un artículo clave de la ley, que es el que establece una moratoria a los desmontes hasta tanto cada provincia realice el ordenamiento territorial que dispone el proyecto original, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados».
“De esta forma, la ley se convertiría en un proyecto testimonial que no serviría para detener el descontrolado avance de las topadoras a razón de más de 821 hectáreas de bosques por día”, denunció Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El 16 de octubre, el presidente del bloque oficialista, Miguel Pichetto y la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti se comprometieron en conferencia de prensa a tratar en noviembre la ley de Bosques en el Senado.
Sin embargo, las presiones de los senadores que defienden de forma indisimulable intereses corporativos ligados a los sectores beneficiados por la expansión irracional de la frontera agrícola pesaron más que el compromiso asumido por el oficialismo.
Greenpeace y un grupo de organizaciones ambientales y sociales de todo el país lograron juntar en menos de dos meses más de 1,3 millón de firmas en apoyo al tratamiento de la ley de bosques.
“La semana próxima los senadores tendrán que decidir entre escuchar el reclamo de la gente o seguir obedeciendo a los intereses corporativos sin tener en cuenta los enormes costos ambientales y sociales que está provocando el descontrolado avance de la frontera agrícola”, sostuvo Villalonga.
El proyecto de ley de “Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos” establece diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a planificar las actividades forestales, agrícolas y ganaderas evitando la fragmentación y degradación del bosque nativo, y establece como prioritarios cuidar a los bosques que actualmente ocupan y utilizan comunidades indígenas y campesinas.
En el transcurso de este año, sólo la provincia de Salta convocó a audiencias públicas para autorizar desmontes por un total de 280.301 hectáreas.
Estos desmontes resultan cuatro veces más que los autorizados el año pasado, y equivalen a 14 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Con estas cifras, sólo en esta provincia se llega al promedio de deforestación anual de todo el país.
Los últimos datos de Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación revelan que nuestro país se encuentra en una verdadera Emergencia Forestal: entre 1998 y 2002 desaparecieron 781.930 hectáreas pero en los últimos cuatro años, el proceso se acentuó y los desmontes arrasaron con 1.108.669 hectáreas, lo que equivale a 280.000 hectáreas por año, 821 hectáreas de bosques por día, es decir, 34 hectáreas por hora. (PARLAMENTARIO)
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