Un juez federal de Bahía Blanca frenó el cobro de las facturas de energía eléctrica a 85 usuarios residenciales y comerciantes de la ciudad que habían denunciado aumentos excesivos en el valor de sus consumos, con apoyo de una oficina municipal.
Además de impedirle a la empresa concesionaria que interrumpa el servicio a aquellos consumidores que no paguen las boletas con los incrementos, le ordenó a la prestataria EDES que vuelva a calcular los montos tarifarios sin tener en cuenta las reglamentaciones de la segunda versión del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica PUREE 2.
Estas disposiciones están contenidas en una medida cautelar que, acompañada de un recurso de amparo, se había solicitado la semana pasada ante la justicia la Oficina Municipal de Información al Consumidor y que apunta contra resoluciones adoptadas el año pasado en el marco de aquel programa por la secretaría de Energía y el ENRE.
Si bien el efecto de la medida alcanza sólo a los usuarios contenidos en la presentación judicial, los patrocinantes irán incorporando nuevos casos al expediente a medida que se vayan presentados en la sede de la oficina donde hasta ayer habían recibido unas 500 solicitudes. La demanda contra los organismos nacionales ingresó el jueves último al juzgado federal 2 de Bahía Blanca a cargo del juez Luis Ramón Dardanelli Alsina.
«Además de conceder la medida cautelar, el magistrado aceptó seguir investigando la cuestión de fondo, que apunta a la constitucionalidad o no de las disposiciones que establecen el cuadro tarifario en vigencia», explicó a Clarín el abogado Diego Aldacour, titular de la OMIC, creada hace siete años.
El funcionario calificó de «abusivas e impagables» las subas que surgen de la combinación entre la aplicación del PUREE 2 y el incremento en el cargo variable por consumo, dispuesto por la resolución 1169/08 de la secretaría de Energía. Este ajuste alcanza a los usuarios residenciales que consuman más de 1000 kilovatios hora por bimestre y a todos los comercios de acuerdo a distintas categorías. «Tenemos denuncias de aumentos que llegan al 800% interanual» reveló Aldacour. El funcionario relató las escenas de dramatismo que se han vivido en la sede de la oficina protagonizadas por dueños de kioscos o pequeños comercios, quienes deben cerrar sus negocios ante la imposibilidad de hacer frente a los aumentos.
«Muchos se han largo a llorar al comentar su caso», reveló Aldacour. En las últimas semanas y especialmente ayer luego de conocido el fallo judicial, la sede fue desbordada por consumidores indignados con los reajustes quienes debieron ser atendidos en la vereda por los empleados municipales. La demanda judicial cuestiona además las resoluciones 628 y 654 de 2008 del ENRE que consagraron al cuadro tarifario dispuesto por la 1169 de la secretaría que lidera Daniel Cameron. Si bien es un organismo de la estructura de la municipalidad de Bahía Blanca, que gobierna el kirchnerista Cristian Breitenstein, la OMIC depende directamente del Concejo Deliberante, presidido por el radical Juan Pedro Tunessi. «Este es un fallo que sienta un precedente histórico en cuanto a la defensa de los derechos de los usuarios de la ciudad y de la provincia» opinó Tunessi.
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