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Material enviado por el Lic. Jorge Mancuso

El proyecto de “blanqueo” de trabajadores parte del diagnóstico acertado de que es muy importante reducir la informalidad y de que el problema está concentrado en las pequeñas empresas. Sin embargo, frente a las enormes trabas que implica tener un trabajador “en blanco”, las dosis de incentivos que contempla el proyecto resultan insignificantes. Para que la iniciativa no termine en otro fracaso es fundamental que el Congreso introduzca transformaciones más de fondo para hacer mucho más simple, menos costoso y más seguro cumplir con la ley.

El proyecto de “blanqueo” presentado por el Poder Ejecutivo contiene un capítulo referido a la promoción de la registración de las relaciones laborales no registradas. Se trata de un tema muy relevante dados los enormes costos sociales y económico que trae asociado un nivel de informalidad laboral tan alto como el que sufre la Argentina. El proyecto contempla permitir la regularización de hasta 10 trabadores no registrados sin pagar deudas de capital e intereses por el pasado y hacia el futuro otorgar un incentivo de 50% de reducción de las contribuciones patronales con destino a ANSES y PAMI durante el primer año y de 25% de reducción en el segundo año. Cuando se supera esa cantidad de trabajadores, los beneficios disminuyen. De esta manera, el proyecto claramente pone énfasis en los problemas de informalidad en las empresas más pequeñas.

¿Son suficientes estos incentivos para inducir masivamente a las pequeñas empresas a comenzar a cumplir con las normas? Para responder a este interrogante resulta pertinente considerar como cambiaría la estructura de costos en una pequeña empresa que decida “blanquear” sus trabajadores usando los beneficios que contempla el proyecto. Si bien cada caso es diferente, considerando aportes y contribuciones a ANSES, PAMI, obra social, ART e imposiciones convencionales los costos no salariales por cada $1.000 de salario de bolsillo son aproximadamente los siguientes:

• Aplicando el régimen general, los impuestos al trabajo ascienden a la suma de $602.

• Con la reducción de las contribuciones patronales destinadas a la ANSES previstos en el proyecto el ahorro es de $102 el primer año y $51 el segundo año.

• Esto significa que por cada $1.000 de salario de bolsillo que actualmente el empleador paga “en negro”, cuando formalice deberá comenzar a pagar $1.500 el primer año, $1.551 el segundo año y $1.602 a partir del tercer año.

Los datos confirman que para comenzar a cumplir con las normas manteniéndole al trabajador el mismo ingreso de bolsillo, el empleador tiene que afrontar un importante aumento de costos. En el primer año, el aumento de costos es del 50% y llega al 60% a partir del tercer año. A esto hay que agregar otros costos ocultos. Por ejemplo, los gastos administrativos y los riesgos de litigios judiciales. Para las pequeñas empresas, la contratación de un contador para liquidar las cargas sociales o un abogado para enfrentar un juicio laboral son erogaciones desproporcionadamente altas respecto a su bajo volumen de ventas y rentabilidad. Esto sugiere que el incentivo de la reducción de contribuciones es extremadamente débil.

Además, pone al descubierto las inconsistencias existentes entre las regulaciones impositivas y las de la seguridad social. La mayoría de las empresas pequeñas está encuadrada fiscalmente dentro del monotributo. Con este régimen simplificado, que unifica IVA y ganancias en un solo impuesto, se fija el tributo en base a una tarifa con lo cual se exime al pequeño empresario de la complejidad de la declaración jurada. En el monotributo la obligación se cancela con el simple pago de la tarifa, que en la categoría más alta es de $577. En cambio, para las obligaciones con la seguridad social, esta misma empresa debe realizar una declaración jurada que requiere necesariamente contratar un estudio contable (que hasta ese momento no tiene porque el monotributo no lo requiere) y pagar cargas sociales por un monto mayor que el del monotributo. Algo parecido ocurre con el seguro de riesgos del trabajo. Si afrontar el costo y la complejidad de afiliarse a una ART no exime al empleador de sufrir un juicio (que en una pequeña empresa implica un monto que supera varias veces su facturación anual), los incentivos a favor de la informalidad son muy altos.

Para motorizar un proceso masivo de regularización del empleo se necesita una reforma estructural mucho más integral, creativa y audaz que la que propone el proyecto de blanqueo. Los legisladores podrían hacer una contribución a la formalización haciendo una reforma más ambiciosa para las empresas más chicas. Los ejes sobre los que seria recomendable avanzar incluye la unificación de todos los impuestos y cargas sociales en un sólo tributo tarifado (análogo al mecanismos que actualmente se aplica, con bastante éxito, en el servicio doméstico) y un régimen especial de despido con aportes regulares a una cuenta a nombre del trabajador sustitutivo del actual esquema de indemnizaciones por despido (análogo al que se aplica en el sector de la construcción). Además, resulta fundamental restablecer la lógica asegurativa de la Ley sobre Riesgo del Trabajo para brindar certidumbre y protección patrimonial a los pequeños empleadores.