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La Coalición por una Radiodifusión Democrática envió una carta a la presidenta de la Nación doctora Cristina Fernández de Kirchner, avalando la presentación en el Congreso del proyecto de “Ley de servicios de comunicación audiovisuales”.

El respaldo es al proyecto que reemplace a la Ley de Radiodifusión de la Dictadura Militar, con la disposición para apoyar, acompañar y sostener el proyecto que el ejecutivo se ha comprometido a impulsar, teniendo en cuenta los “21 puntos por el Derecho a la Comunicación”.

La Coalición, integrada por la CGT y la CTA, los sindicatos nacionales de la comunicación, organizaciones sociales y cooperativas, radios universitarias, organismos de Derechos Humanos, asociaciones de radiodifusores y radios comunitarias, impulsa desde 2004 los “21 puntos por el Derecho a la Comunicación” principios que sostienen el proyecto que el ejecutivo presentaría al Congreso.

Textualmente, la nota expresa lo siguiente:

Sra. Presidenta de la Nación

Dra. Cristina Fernández de Kirchner

De nuestra mayor consideración:

Es pública su decisión de presentar y dar un decisivo impulso a un proyecto de “Ley de Servicios de Comunicación audiovisuales” que reemplace la Ley de Radiodifusión de la Dictadura Militar. Celebramos esa decisión. Estamos dispuestos, desde las organizaciones sociales y cooperativas, sindicatos, universidades, organismos de Derechos Humanos, asociaciones de radiodifusores y radios comunitarias que formamos la Coalición por una Radiodifusión Democrática, a apoyar, acompañar y sostener el proyecto que usted, con valentía institucional, se ha comprometido a impulsar, teniendo en cuenta los “21 puntos por el Derecho a la Comunicación”.

Como hemos afirmado reiteradamente, entendemos que la radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura, y no un simple negocio comercial. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano para garantizar la diversidad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica asegurar la igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión. Corresponde al Estado asignar las frecuencias radioeléctricas y establecer las condiciones que los licenciatarios deben cumplir. Eso no es censura, es asegurar con políticas activas el Derecho a la Expresión, a la Información, a la Comunicación y la plena participación de todos los sectores en la vida ciudadana. Por estos principios, se torna imprescindible sustituir el vigente Decreto-Ley de Radiodifusión impuesto por la dictadura militar en 1980.

Con su decisión, el nuevo marco jurídico es hoy una posibilidad cercana, luego de los debates recorridos en 25 años de democracia, con participación amplia de sectores políticos y sociales. Desde 1987, con el Consejo de Consolidación de la Democracia al que el Presidente Raúl Alfonsín encomendó la redacción de una Ley de Radiodifusión, casi un centenar de proyectos fueron presentados en las Cámaras de Diputados y Senadores. Se han realizado audiencias públicas y hubo muchos debates parlamentarios en torno al tema. Todos esos debates deben ser recuperados en el Congreso para apresurar los tiempos de análisis del proyecto que será enviado por el Ejecutivo.

Desde los sectores populares nos unimos a fines del 2003 para presentar una propuesta y formamos la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Los gremios de la comunicación de la CGT y de la CTA, las Universidades nacionales, Organizaciones sociales, cooperativas y Organismos de Derechos Humanos logramos acordar los veintiún puntos por el Derecho a la Comunicación presentados públicamente el 27 de agosto de 2004, y entregados en aquel tiempo al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo.

En los últimos meses, desde que usted nos recibiera el 16 de abril, hemos multiplicado los debates, seminarios, foros, mesas redondas, en los barrios, los sindicatos, las universidades, concejos deliberantes y legislaturas provinciales. Ya se han expedido en apoyo a los “21 puntos” Legislaturas Provinciales, como Río Negro, Chaco y Santa Fe y numerosos Concejos Deliberantes. Recorrimos todas las provincias y llegamos a cientos de miles de personas a través de nuestros medios y los Medios Públicos.

Creemos que ya es tiempo, en esta democracia, de multiplicar voces para garantizar los derechos de todos mediante una nueva Ley de radiodifusión o de Servicios de Comunicación audiovisuales. Entendemos que para avanzar en la línea de la redistribución de la riqueza y profundización de la democracia, que usted ha señalado reiteradamente, urge el envío del proyecto a la brevedad para su debate parlamentario. Le reiteramos que las organizaciones sociales, sindicatos, universidades, pueblos originarios, organismos de derechos humanos que integramos la Coalición por una Radiodifusión Democrática, estamos dispuestos a apoyar, acompañar, sostener, un proyecto basado en los “21 puntos por el Derecho a la Comunicación” que entregamos a usted en la entrevista concedida en abril.

Suscriben la nota representantes de Madres y de Abuelas de Plaza de Mayo; la CGT y la CTA; el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; los Sindicatos Nacionales de la Cositmecos: Prensa, Televisión, Gráficos, Locutores, Publicidad, Músicos, Actores, Radiocomunicaciones, Espectáculo Público e Industria Cinematográfica; el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO); el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); la Asociación de Radios de Universidades Nacionales (ARUNA); la CTERA; el Movimiento Libres del Sur; la Federación de Tierra y Vivienda, la Fetracom; el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos; Periodistas Argentinas en Red; “Periodistas – Los 100”; la Carrera de Comunicación Social de la UBA; la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Información y la Comunicación; la Federación Argentina de Radiodifusores; EL Movimiento Barrios de Pie; la Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina; la Asociación Mundial de Comunicadores Cristianos; el Centro Nueva Tierra; EL Instituto de Cultura Popular (INCUPO), las diputadas nacionales Cecilia Merchán y Victoria Donda, y los diputados provinciales Laura Berardo, Paula Sánchez, Héctor Romano y Carlos Morillo, entre otros.

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