Después de algunos chispazos políticos, la Cámara de Senadores bonaerense transformó ayer en ley la suspensión del artículo 26 de la última reforma impositiva, que pretendía gravar la carga y descarga de mercaderías en los puertos de la provincia de Buenos Aires.
La norma contó con el aval del oficialista bloque del kirchnerista Frente para la Victoria-PJ y el acompañamiento de los bloques del GEN y Unión Pro, mientras que las bancadas del radicalismo y ARI se mostraron en desacuerdo con dicha norma.
De ese modo, los legisladores buscaron «corregir» los planteos que brotaron desde los distintos actores portuarios –incluidos, naturalmente, los de Bahía Blanca–, y luego de consensuar alternativas con el Ejecutivo, se decidió suspender dicho artículo de la reforma fiscal desde la fecha de entrada en vigencia y hasta el 31 de diciembre de 2010, dejando sin efecto, entonces, el tributo a la carga y descarga en terminales portuarias.
En menos de media hora, los senadores del oficialismo –tras los argumentos que dio en el recinto de sesiones, el legislador Federico Scarabino– lograron imponer el criterio de la administración sciolista.
Al igual que la Cámara de Diputados, el Senado terminó sancionando el proyecto de ley que suspende por un año la tasa portuaria y lo sustituye por el aumento en un punto del pago de los ingresos brutos, para el caso de aquellos que facturen más de 30 millones anuales.
No obstante, se modifica la ley de puertos, dejando de estar exentas de todo gravamen las actividades que se desarrollen en los Consorcios de Gestión de Bahía Blanca y Quequén.
Así también se suprime en el primer párrafo del artículo 25 de la Ley Impositiva la frase «que no se encuentren comprendidas en el artículo siguiente».
De tal manera, se aplicará una alícuota del 4,5 por ciento del impuesto a los ingresos brutos a las actividades portuarias, entre otras.
Mediante esa misma iniciativa «se contempla una medida sectorial en ingresos brutos, con efectos positivos en las finanzas municipales», según reza en el mensaje del Ejecutivo.
La postura del GEN fue la de acompañar «en general» el proyecto, aunque a la hora de la votación «en particular», el senador bahiense José María Zingoni aclaró que la postura del GEN era «derogar y no suspender el artículo».
Habló de que «esta suerte de pausa anual, deja abierto un período de incertidumbre posterior». También recordó que aplicar un impuesto a la carga y descarga de mercaderías en los puertos de la Provincia le puede generar una ventaja competitiva extra a otras terminales vecinas, ya que mucha carga de exportación e importación bonaerense se derivaría a provincias limítrofes.
Por su parte, las bancadas de la UCR y ARI rechazaron la misma. «Debemos tratar los proyectos con otra actitud, que no es la actitud que tiene este cuerpo sino del Poder Ejecutivo», disparó el senador Javier Mor Roig en su argumentación del rechazo a la normativa provincial.
Desde el oficialismo FpV-PJ también se recordó el compromiso que existe con los representantes del sector en trabajar en forma conjunta en la elaboración de una nueva ley para la actividad portuaria en la provincia de Buenos Aires. (LA NUEVA PROVINCIA)
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