El titular de Loterías reveló que el 80% del mercado opera en la ilegalidad

En el marco del debate legislativo por el proyecto de ley impulsado contra la ludopatía, el presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), Atanasof, visitó la Legislatura bonaerense para brindar un informe técnico.

Durante su exposición, el funcionario dejó un dato alarmante que encendió las alarmas del arco político: el 80% del juego online que se opera en el territorio provincial funciona de manera ilegal.

Un debate clave en el marco de la «mega ley»

La presentación de Atanasof se desarrolló en una reunión informativa convocada para analizar la denominada «mega ley» contra la ludopatía, una iniciativa impulsada por el bloque de La Cámpora que busca endurecer los controles, restringir el acceso de menores de edad a las plataformas digitales y frenar el avance compulsivo de las apuestas telemáticas.

Durante su alocución, el titular del organismo de control expuso una radiografía detallada del sector, evidenciando que la mayor parte de las apuestas virtuales se realizan a través de sitios web no autorizados, aplicaciones clandestinas y redes de agencias paralelas que eluden los mecanismos de fiscalización estatal, el pago de impuestos y los protocolos de juego responsable.

Los ejes principales de la exposición

• Clandesintaje digital: La proliferación de plataformas offshore y de dominios virtuales sin habilitación oficial representa hoy el principal desafío para la seguridad de los usuarios, en especial de los sectores más jóvenes.
• Vulnerabilidad de los menores: La falta de filtros biométricos y de validación de identidad robusta en los sitios ilegales facilita el acceso desregulado de niños y adolescentes al juego con dinero real.
• Estrategia legislativa: Los datos aportados por Loterías buscan dotar de mayores herramientas jurídicas y técnicas a la «mega ley», permitiendo bloquear dominios web de manera más ágil y coordinar acciones punitivas con la justicia.

Con este diagnóstico sobre la mesa, el oficialismo y la oposición en la Legislatura analizan acelerar los consensos necesarios para dotar al Estado de un marco regulatorio más firme que permita cercar la ilegalidad y proteger la salud pública frente al juego compulsivo.