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Conflicto de poderes en Necochea: el Procurador de la Suprema Corte respaldó al Ejecutivo y pidió anular la ordenanza del HCD

En su dictamen, concluyó que el Concejo Deliberante invadió facultades exclusivas del intendente Arturo Rojas al modificar por iniciativa propia el régimen impositivo. La suspensión cautelar de la norma seguirá vigente hasta el fallo definitivo de la Suprema Corte bonaerense.

El conflicto institucional entre el Departamento Ejecutivo de Necochea y el Honorable Concejo Deliberante (HCD) sumó un capítulo clave que inclina la balanza a favor del gobierno local. El Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires emitió un dictamen en el que recomendó hacer lugar al planteo del intendente Arturo Rojas y declarar la nulidad de la ordenanza cuestionada, al considerar que el cuerpo deliberativo excedió sus atribuciones constitucionales.

El litigio judicial se originó tras la sanción de la Ordenanza Nº 12.148/2026. Mediante esta norma, el HCD incorporó de manera unilateteral nuevas exenciones en Derechos de Oficina, Estacionamiento Vehicular y Patentes de Rodados para veteranos de la guerra de Malvinas, sus viudas e hijos menores, proyectadas para el ejercicio fiscal 2027. Tras ser vetada por el Ejecutivo, la ordenanza fue ratificada por insistencia del Concejo, lo que obligó al Municipio a elevar un conflicto de poderes ante el máximo tribunal provincial.

Una discusión de competencias, no de méritos

En los fundamentos de su dictamen, el Procurador aclaró que la controversia es estrictamente institucional y no gira en torno a la legitimidad o conveniencia del beneficio para los excombatientes. El eje del asunto radica en determinar quién posee la competencia legal para modificar el régimen tributario de la comuna.

Al respecto, el jefe de los fiscales bonaerenses fue categórico al señalar que «le asiste razón al señor intendente municipal de Necochea». Recordó que, según la Constitución de la Provincia y la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM), la iniciativa en materia impositiva y presupuestaria es una facultad exclusiva del Departamento Ejecutivo. Si bien el Concejo Deliberante tiene la potestad de analizar, debatir y aprobar estos proyectos, carece de la atribución de originarlos por cuenta propia si alteran el cálculo de recursos de la administración.

Falta de previsión presupuestaria

Otro de los puntos críticos señalados en el dictamen es la falta de sustento técnico de la normativa local. El Procurador advirtió que el HCD avanzó con la reforma sin analizar el impacto real que la quita de tasas tendría sobre las arcas municipales, omitiendo además justificar su compatibilidad con el presupuesto. Esta falta de previsión, según el dictamen, configura un vicio que afecta los elementos esenciales del acto administrativo.

Con estos argumentos, el dictamen concluye con la recomendación formal a la Suprema Corte de Justicia para que declare la nulidad de la Ordenanza Nº 12.148/2026 por haber invadido la esfera de competencia del Ejecutivo, encuadrando la situación en el artículo 196 de la Constitución provincial.

A la espera del veredicto final, cabe recordar que los efectos de la polémica ordenanza y el decreto de insistencia del Concejo ya se encuentran frenados por una medida cautelar dictada previamente por la propia Suprema Corte, la cual continuará vigente hasta que los magistrados dicten la sentencia definitiva.