Alertas por falta de idoneidad, vínculos políticos y brecha de género
El sistema judicial argentino enfrenta un momento de tensión institucional. Con un 37% de las vacancias sin cubrir, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Senado 67 pliegos para designar magistrados y magistradas.
Sin embargo, un informe conjunto de organizaciones de la sociedad civil (ACIJ, INECIP, Amnistía Internacional, CELS, ELA y Poder Ciudadano) encendió las alarmas sobre la transparencia y los criterios de selección de estos candidatos.
A partir del 30 de abril, la Comisión de Acuerdos del Senado iniciará las audiencias públicas donde los postulantes deberán exponer sus antecedentes y responder a los cuestionamientos.
Los tres ejes del conflicto
El análisis de las organizaciones resalta irregularidades que podrían comprometer la independencia del Poder Judicial:
1. Idoneidad en duda: el fenómeno de los «saltos»
Uno de los hallazgos más preocupantes es la manipulación del orden de mérito. Según el informe:
- 12 postulantes registraron ascensos de más de 10 posiciones entre la etapa objetiva (examen y antecedentes) y la discrecional (entrevistas), con diferencias de hasta 32 lugares.
- 20 candidatos/as no habrían ingresado en las ternas originales si solo se hubiera considerado su puntaje técnico.
- Se detectó una postulación contraria a derecho: el Ejecutivo propuso a una persona de una lista complementaria sin que se cumplieran las condiciones legales para ignorar la terna principal.
2. Vínculos familiares y políticos
La sombra del favoritismo planea sobre las designaciones:
- 7 personas tienen lazos familiares directos con magistrados o exmagistrados.
- En dos casos, los familiares son jueces que actualmente tramitan causas que afectan directamente los intereses del Poder Ejecutivo, lo que genera dudas sobre posibles «pactos de impunidad» o favores políticos.
- 3 candidatos ocupan o han ocupado cargos de relevancia política.
3. El techo de cristal persiste
Pese a los reclamos por paridad, la desigualdad de género sigue siendo estructural:
- El 70% de los pliegos corresponden a hombres.
- Solo el 30% son mujeres, una cifra que no contribuye a romper la brecha histórica en los tribunales nacionales y federales.
Un llamado al control riguroso
Las organizaciones advierten que la discrecionalidad del Presidente para elegir un nombre dentro de una terna no debe confundirse con arbitrariedad.
La idoneidad, principal requisito constitucional, parece haber sido desplazada por criterios de conveniencia política.
«Quienes ejercen la judicatura no solo deben ser independientes, sino también parecerlo», señala el documento, subrayando que la falta de motivación en estas elecciones debilita la confianza pública en la justicia.
El rol del Senado
Ante este escenario, la Cámara Alta tiene la responsabilidad de ejercer un control exhaustivo. Las audiencias que comienzan a finales de abril serán clave para determinar si el Senado avalará designaciones cuestionadas o si exigirá que los nombramientos respeten el mérito y la independencia necesarios para normalizar un servicio de justicia hoy paralizado por las vacantes.
Para más detalles sobre cada perfil y los hallazgos completos, las organizaciones han puesto a disposición pública el análisis integral de las candidaturas.
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