«Es ilegal, inconstitucional e inoportuno»
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) denunció que el Decreto 253/2026 viola la Constitución Nacional al delegar responsabilidades estatales y habilitar el cobro de peajes sin una ley formal que lo respalde.
El reciente Decreto 253/2026 del Poder Ejecutivo Nacional, que dispone la transferencia de rutas nacionales a las órbitas provinciales y autoriza el financiamiento mediante el sistema de peaje directo, ha desatado una ola de críticas.
Desde el CONADUV calificaron la medida como un «atropello a las instituciones» y advirtieron sobre las graves consecuencias económicas y sociales que tendrá sobre los usuarios.
Un decreto sin respaldo legal
Según el organismo, la normativa carece de una Ley formal del Congreso, requisito indispensable según el Artículo 75 de la Constitución Nacional. La denuncia sostiene que no solo se vulnera el principio de legalidad, sino que también se omite la transferencia presupuestaria correspondiente, dejando a las provincias con la carga de mantenimiento pero sin los recursos necesarios.
«Es inconcebible que el Estado Nacional abandone su obligación de mantener la Red Vial Nacional, más aún cuando se malversan los millones de dólares recaudados por el Impuesto a los Combustibles», manifestaron desde el Comité.
Los cinco ejes del conflicto
El rechazo del CONADUV se fundamenta en cinco puntos críticos que cuestionan la validez de la medida:
- Violación de la Legalidad Tributaria: Basándose en la doctrina de la Corte Suprema («No hay tributo sin ley»), señalan que el decreto impone una carga económica obligatoria de forma arbitraria.
- Peaje como «Impuesto Encubierto»: Se denuncia que no existe una contraprestación efectiva. Al no garantizarse un servicio concreto, el peaje deja de ser una tasa para convertirse en una doble imposición, sumándose al impuesto a los combustibles.
- Vulneración del Federalismo: La transferencia de bienes federales sin intervención del Congreso y sin fondos asignados traslada una crisis financiera de la Nación a las provincias.
- Falta de Razonabilidad: Citando el Artículo 28 de la Constitución, el Comité argumenta que la medida es desproporcionada y no garantiza mejoras en la seguridad vial ni en la logística productiva.
- Afectación de Derechos Fundamentales: Se consideran vulnerados el derecho a la libre circulación (Art. 14) y el derecho de propiedad (Art. 17).
El fracaso del sistema de peaje directo
Para el CONADUV, el sistema de concesiones por peaje directo ha sido un «fracaso y una estafa» que solo encarece los costos de transporte y resta competitividad a las economías regionales. Sostienen que, de persistir con este modelo, la producción nacional enfrentará serias trabas para su traslado eficiente.
La propuesta: Un Proyecto Vial Nacional Integral
Frente a lo que denominan el «capítulo más escandaloso del proceso privatizador», el organismo insta a las autoridades a:
- Jerarquizar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para recuperar el rol rector del Estado.
- Destinar el Impuesto a los Combustibles exclusivamente a su fin original: caminos óptimos sin barreras.
- Impulsar un Plan Multimodal (vial, ferroviario y fluvial) que actúe como política de Estado y no como un negocio para grupos económicos reducidos.
El comunicado concluye con un llamado urgente a gobernadores, legisladores e intendentes para que intervengan en defensa de la Constitución y garanticen el derecho constitucional de todos los ciudadanos a transitar libremente por el territorio nacional.
Noticias relacionadas
Detenido en Quequén por violencia
