Denuncia penal por niveles críticos de arsénico en el agua de red
La ciudad de Azul se encuentra en estado de alerta tras una contundente denuncia judicial que pone bajo la lupa la calidad del agua de red.
La presentación advierte sobre un riesgo sanitario extendido para toda la población, denunciando la vulneración del derecho humano al acceso a agua potable segura y las graves consecuencias que esto conlleva para la salud pública.
El conflicto: Normativas desfasadas y límites excedidos
El eje de la denuncia radica en una preocupante brecha entre los estándares de salud internacionales y la normativa aplicada localmente.
- El Estándar Internacional: La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Código Alimentario Argentino establecen un máximo de 0,01 mg/L de arsénico para el consumo humano.
- La Realidad Local: El suministro en Azul se rige por una ley provincial antigua que permite niveles superiores. Según la denuncia, los valores detectados triplican los límites seguros, exponiendo a los vecinos a concentraciones tóxicas durante años.
«La población ha estado consumiendo agua con niveles de arsénico que la ciencia moderna considera peligrosos, amparados en una legislación obsoleta», señala el escrito.
Impacto en la salud: Un enemigo silencioso
La exposición prolongada al arsénico (conocida técnicamente como HACRE) no solo afecta a través de la ingesta directa, sino también mediante la cocción de alimentos y la higiene personal. Los riesgos médicos señalados incluyen:
Patologías en adultos:
- Trastornos gastrointestinales y afecciones renales.
- Problemas cardiovasculares y disfunción tiroidea.
- Elevado riesgo de cáncer (piel, vejiga, pulmón).
Efectos en la infancia:
- Dificultades cognitivas.
- Alteraciones en el desarrollo psicofísico.
La denuncia judicial
La presentación fue realizada ante la Fiscalía de Estado por el médico pediatra Néstor Nasello, quien actúa en su doble rol de ciudadano y profesional de la salud.
Puntos clave de la demanda:
- Investigación penal: Se solicita investigar la responsabilidad de la CEAL (Cooperativa Eléctrica de Azul) y de las autoridades municipales.
- Pericias independientes: Pedido de análisis técnicos ajenos a los organismos de control actuales.
- Medidas urgentes: Exigencia de acciones inmediatas para garantizar el suministro de agua apta para consumo humano.
- Falta de información: Se cuestiona la ausencia de campañas preventivas y la falta de transparencia hacia el vecino sobre los riesgos actuales.
Antecedentes en la región
El caso de Azul no es aislado. La provincia de Buenos Aires presenta un historial de fallos judiciales en distritos como Lobos y Roque Pérez, donde la justicia ya ha ordenado la provisión de agua potable ante situaciones similares.
Sin embargo, estas soluciones suelen ser cuestionadas por los vecinos debido a su alcance limitado y la falta de obras de infraestructura de fondo.
La justicia deberá determinar ahora si la preeminencia de una norma provincial antigua es suficiente para eximir de responsabilidad a los entes locales, o si el derecho constitucional a la salud debe prevalecer de forma urgente.
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