Rodríguez rechazó el proyecto de Nación que transfiere cuotas de pesca a la flota congeladora
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense calificó la iniciativa como una «triangulación infantil» que viola la Ley Federal de Pesca y advirtió que la medida pone en riesgo miles de puestos de trabajo en tierra.
El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, manifestó su firme rechazo al nuevo proyecto impulsado por el Gobierno nacional en el Consejo Federal Pesquero.
La iniciativa, denominada “Procedimiento de Optimización Productiva de Merluza Hubbsi”, busca permitir el traspaso de cuotas de captura desde la flota fresquera hacia la flota congeladora, una maniobra que el funcionario calificó de ilegal y perjudicial para el entramado productivo bonaerense.
Rodríguez denunció que la propuesta de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca vulnera directamente el artículo 27 de la Ley Nº 24.922 (Ley Federal de Pesca), el cual prohíbe explícitamente la transferencia de cuotas entre estos tipos de embarcaciones.
«Está claro que es un método infantil que incumple la ley», sentenció el ministro, al tiempo que vinculó esta medida con los intentos previos del gobierno de Javier Milei por desregular el sector mediante la fallida Ley Ómnibus.
Un golpe a la industria en tierra
El núcleo de la crítica reside en el impacto socioeconómico que tendría el cambio de esquema. Actualmente, si un barco fresquero no utiliza su cuota, esta se reasigna temporalmente a otros fresqueros.
El nuevo proyecto propone que, si no se utiliza la cuota este año, el buque deba resignarla hasta el año 2039, pasando ese cupo a un fondo para ser asignado a buques congeladores.
Para el gobierno provincial, esto representa una transferencia de recursos hacia el sector que menos mano de obra genera:
- Flota Fresquera: Abastece a las plantas de procesamiento en tierra, motorizando el empleo en ciudades como Mar del Plata.
- Flota Congeladora: Procesa el recurso a bordo, prescindiendo de la cadena de valor en los puertos.
“Cada tonelada que deja de procesarse en tierra es empleo que se pierde”, advirtió Rodríguez, señalando que la medida afectará no solo a los estibadores y obreros del pescado, sino también a la logística, el transporte y los servicios portuarios.
«Reconfiguración regresiva»
Desde la cartera agraria calificaron la medida como «irrazonable» y aseguraron que se trata de un nuevo golpe para el sector, que ya viene lidiando con el incremento en los costos operativos y el combustible.
Rodríguez concluyó que, bajo la apariencia de una «optimización», el Gobierno nacional busca una reconfiguración regresiva del sistema pesquero que reduce el valor agregado local y debilita la soberanía sobre el recurso, favoreciendo la concentración de la actividad en detrimento de las economías regionales bonaerenses.
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