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¿Cómo estás?

Yo, bien, en la semana de calentar motores, no solo porque el finde corre Colapinto, sino porque la semana que viene tenemos Expoagro. Que viene con algunos panes abajo del brazo. Sin lugar para la euforia, lo cierto es que los acontecimientos de los últimos días generan un panorama aleccionador.

En primer lugar, cronológicamente, el acuerdo UE Mercosur aprobado en el Congreso es un enorme paso adelante, después de treinta años de negociaciones agotadoras. Hay otro panorama y prácticamente todas las cadenas agroindustriales lo saludaron con énfasis. Lo más importante pasó prácticamente desapercibido: el acuerdo establece la obligación de la reducción de los derechos de exportación.

En el caso de trigo y maíz, en un lapso de dos años deberían llegar a cero. En la soja, a 14% en cinco años. El acuerdo es ley, y como tal prevalece sobre las normativas locales. La dirigencia ruralista y el propio Gobierno deberían tomar nota de ello y actuar en consecuencia. Solo queda implementarlo.

Quedan algunos nubarrones, generando preocupación en sectores que temen la invasión de productos europeos subsidiados. El caso más serio es el de la olivicultura, donde hay un cronograma que reduce progresivamente las salvaguardias que hasta ahora compensaron las fuertes subvenciones al aceite de oliva, en particular al español. La Federación Olivícola Argentina emitió un comunicado al respecto y se espera la reacción de los gobernadores de las provincias afectadas, en especial San Juan.

Otro sector que genera preocupación es el del biodiesel, donde la UE es el único mercado activo hasta ahora, con exportaciones por 400 millones de dólares anuales. A poco de celebrarse el acuerdo, la UE suspendió las importaciones, en una aparente concesión a Francia. La diplomacia comercial argentina tomó cartas en la controversia.

Siguiendo la cronología, llegó la sanción de la Ley de Modernización Laboral, en cuyo articulado se introdujo el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que establece beneficios para PyMEs agroindustriales, con estímulos para la inversión productiva y laboral.

El RIMI se creó para complementar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y se establece, en este sentido, para inversiones desde U$S 150.000 (en micro empresas) hasta U$S 9.000.000 (empresas medianas tramo 2).

Un comunicado de la secretaría de Agricultura explicó ayer que “el foco del incentivo está en inversiones productivas tales como la adquisición, elaboración y fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos, amortizables en el impuesto a las ganancias, así como a la realización de obras afectadas a la producción”. La legislación no dispone de mínimos para inversiones estratégicas en sistemas y/o equipos de riego.

Se instaura además un régimen de amortización acelerada de las nuevas inversiones y otros beneficios impositivos. Por ejemplo, se reduce significativamente la alícuota de IVA para la energía eléctrica utilizada en equipos de riego con destino al sector agroindustrial.

Además, se genera una modificación en el sistema de valuación de hacienda para los establecimientos de invernada y/o engorde a corral. Ello aplica para la determinación del impuesto a las ganancias reduciendo el resultado por tenencia de cada ejercicio. Un añoso reclamo del contador Santiago Saenz Valiente, uno de los más reconocidos tributaristas del sector.

Siguiendo con la secuencia de los anuncios, llegó el discurso del presidente Milei en la apertura de sesiones del Congreso. En el fárrago de los insultos y vocinglería insoportables, el presidente coló el tema de la propiedad intelectual en semillas, planteando la adhesión de la Argentina al acuerdo UPOV 91. Mencionó que el crecimiento exponencial de la producción de soja de Brasil tuvo que ver con el desarrollo genético impulsado por empresas argentinas, que aquí no tienen la posibilidad de recuperar sus inversiones en investigación y desarrollo. La Asociación de Semilleros Argentinos saludó enfáticamente la iniciativa, mientras desde sectores del ruralismo se oponen con el argumento de que primero hay que eliminar las retenciones. Son cosas independientes. Las retenciones son un impuesto retardatario y deben eliminarse lo antes posible. Es parte del respeto a la propiedad privada, en este caso de los productores. También lo es el reconocimiento de la propiedad intelectual.