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La Corte Suprema ordena trámite inmediato y sugiere sanciones a tribunales de Santa Fe y Buenos Aires

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) emitió un contundente llamado de atención a los órganos jurisdiccionales de Santa Fe y Buenos Aires por la «inacción» y el «retardo» de casi 15 años en la investigación de un caso de abuso sexual de una niña, y sugirió evaluar la aplicación de sanciones disciplinarias a los tribunales intervinientes.

El Máximo Tribunal resolvió una cuestión de competencia, declarando que la causa debe tramitar en la justicia de Santa Fe, y ordenó dar inmediato curso al expediente, adoptar las decisiones que correspondan y, fundamentalmente, procurar que el daño sufrido por la víctima, que hoy es una mujer adulta, «no se vea aún más incrementado como consecuencia del contacto con el sistema de justicia».

Una cadena de demoras y revictimización

La denuncia original data del 18 de agosto de 2009, presentada por la madre de la niña ante una fiscalía de Santa Fe contra el tío de la menor, por hechos ocurridos en 2003 en Pilar, provincia de Buenos Aires.

La Corte detalló una inaceptable cronología de demoras:

• En 2009, el primer juez en Santa Fe ordenó realizar exámenes ginecológicos y psicológicos a la niña de 12 años.
• Posteriormente, la causa estuvo siete años sin actividad investigativa ni probatoria alguna.
• Recién en octubre de 2016, el magistrado corrió vista para que el Ministerio Público «indique los pasos a seguir».
• En febrero de 2017, el juez se declaró incompetente en favor de la justicia bonaerense, pero las actuaciones, de solo 20 fojas, fueron remitidas dos años y medio después, en noviembre de 2019.
• El juez de Pilar, Buenos Aires, rechazó la competencia en enero de 2020, señalando que no se habían agotado las medidas necesarias, ni se había escuchado a la víctima, quien para ese momento ya era mayor de edad.
• La causa fue devuelta a Santa Fe, donde el órgano judicial la tuvo por recibida recién cuatro años después, en abril de 2024.

Duro reproche de la Corte

Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti fueron explícitos en su reproche, destacando que la niña «transcurrió toda su adolescencia —y actualmente se acerca a los 30 años— sin que el expediente […] tenga actividad procesal alguna tendiente al esclarecimiento de los hechos».

La sentencia califica de «por completo inadmisible» el accionar del primer juez, quien sometió a la niña a «exámenes ginecológicos» —invasivos para cualquier persona, y más aún para una menor— y luego mantuvo la causa «sin movimiento alguno durante largos años».

Los jueces señalaron que esta conducta fue una «grave revictimización» de la entonces menor, agravada por el hecho de que no se había convocado ni escuchado a la víctima antes de ordenar dichos exámenes.

La Corte enfatizó que «pesa sobre los órganos jurisdiccionales intervinientes la obligación de actuar con la debida diligencia», algo que en este caso «no ha acontecido».

Concluyeron que las acciones descriptas son «una muestra del tipo de comportamientos de los integrantes de los órganos jurisdiccionales especialmente repudiado por el ordenamiento jurídico argentino», que obliga a los magistrados a evitar toda conducta que produzca revictimización.

La resolución ordena que la justicia santafesina, a cargo ahora del Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Judicial 1 de Santa Fe, reúna de inmediato los elementos necesarios y resuelva, siempre bajo la guía del principio del interés superior del niño y con la premisa de que «la desidia judicial agrava el daño que se le ha ocasionado, generando en ella, además del sufrimiento por el hecho delictivo, el dolor producto de la sensación de indiferencia, impotencia e impunidad”.