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En una controvertida movida legislativa, Javier Gerardo Milei, ha presentado una modificación clave en la nueva versión de la Ley ÓMNIBUS, enviada al Congreso, que apunta a derogar la Ley 27.637, la cual ampliaba las Zonas Frías para otorgar descuentos en el Gas destinados a los hogares. La medida ha desatado polémica y preocupación, especialmente entre la clase media trabajadora.

El artículo 318 modificado del proyecto de ley establece claramente la intención de reasignar los beneficios reconocidos por la ley 25.565 y la ley 27.637 en el marco de un nuevo régimen de subsidios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177 del Decreto N° 70 del 20 de diciembre de 2023.

Este cambio resultará en la derogación de la Ley 27.637 una vez implementado el esquema de subsidios propuesto.

La novedad más significativa es la definición de una «canasta básica energética» en el artículo 177 del MegaDNU, que establecerá un nuevo esquema de subsidios segmentados basado en el nivel de ingresos. Como consecuencia, los hogares de clase media trabajadora quedarán excluidos de los actuales descuentos por Zona Fría.

Simultáneamente, la Secretaría de Energía de la Nación ha propuesto la eliminación de los subsidios en el precio del gas entre febrero y abril, lo que implicaría un aumento significativo de 0,7 a 4 dólares por millón de BTU. Las empresas distribuidoras, por su parte, han solicitado aumentos de entre 421% y 700%, mientras que también plantean la posibilidad de incrementar mensualmente las facturas de gas aplicando el índice de precios internos mayoristas (IPIM).

En este contexto, una familia de las zonas frías de la provincia de Buenos Aires, que actualmente paga $15.000 por gas en enero, podría llegar a abonar cerca de 1 millón en el tercer trimestre del mismo año.

Esta decisión ha generado críticas, argumentando que se basa en un fanatismo ideológico, ya que el subsidio en cuestión no se financia con recursos del presupuesto y no genera déficit fiscal alguno.

La eliminación de estos beneficios podría tener un impacto significativo en el bolsillo de los ciudadanos, desatando un debate acalorado sobre las políticas energéticas y su repercusión en la clase media.